POR STEVEN GRATTAN
BOGOTÁ, Colombia (AP) — La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió el jueves una opinión consultiva histórica que vincula las obligaciones de derechos humanos de los gobiernos con su responsabilidad de abordar la amenaza del cambio climático, un movimiento que se espera influya en políticas y litigios en toda América Latina y el Caribe.
La opinión es la primera de su tipo del principal tribunal de derechos humanos de la región y responde a una solicitud de 2023 de Colombia y Chile.
Afirma que los Estados tienen el deber, bajo el derecho internacional, de prevenir, mitigar y remediar el daño ambiental que amenaza los derechos humanos, incluso a través de leyes, políticas y acciones destinadas a frenar el cambio climático.
La corte delineó una serie de estándares legales, incluyendo el reconocimiento de un derecho humano a un clima saludable, la obligación de prevenir daños ambientales masivos e irreversibles, así como el deber de proteger los derechos de las generaciones presentes y futuras.
“La corte ha declarado que estamos en una emergencia climática que está socavando los derechos humanos de las generaciones presentes y futuras y que los derechos humanos deben estar en el centro de cualquier respuesta efectiva”, señaló Nikki Reisch, directora del programa en el Centro para el Derecho Ambiental Internacional sobre Clima y Energía, a The Associated Press.
La opinión indicó que los estados tienen el deber legal no solo de evitar el daño ambiental, sino también de proteger y restaurar los ecosistemas, guiados por la ciencia y el conocimiento indígena.
“Esta es una opinión histórica”, comentó Reisch. “No es sólo es un acontecimiento jurídico, es un plan de acción. Esta opinión guiará los litigios climáticos en los tribunales locales, regionales y nacionales, y proporcionará una base para la formulación de políticas climáticas, fundamentando la legislación local y las negociaciones globales en una obligación legal, no sólo en América sino en todo el mundo”.
Aunque no es vinculante, las opiniones de la corte tienen peso legal en muchos países miembros de la Organización de los Estados Americanos y a menudo influyen en la legislación nacional, fallos judiciales y la defensa internacional.
Se espera que los hallazgos de la corte refuercen las demandas relacionadas con el clima y las reclamaciones de derechos humanos en la región, e influyan en las negociaciones previas a la COP30, la próxima gran cumbre climática de las Naciones Unidas, que se llevará a cabo en noviembre en Belem, Brasil.
“Los Estados no sólo deben abstenerse de causar un daño ambiental significativo, sino que tienen la obligación positiva de adoptar medidas para garantizar la protección, restauración y regeneración de los ecosistemas”, señaló la presidenta de la corte, la jueza Nancy Hernández López.
“El quiebre del equilibrio vital de nuestro ecosistema común… modifica progresivamente y de manera gradual las condiciones para la vida sana de las especies que habitan el planeta en forma interdependiente, al punto de generar consecuencias de proporciones existenciales. Por lo tanto, exige respuestas jurídicas universales y efectivas”, afirmó Hernández López.
La opinión surge en medio de un creciente impulso indígena en la región, incluyendo una cumbre en la Amazonía de Ecuador el mes pasado donde cientos de líderes indígenas se reunieron para exigir la aplicación de victorias judiciales que reconocen sus derechos territoriales y ambientales.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José, Costa Rica, es el principal tribunal de la región para interpretar y hacer cumplir la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Sus fallos, aunque a menudo desafiados por una débil aplicación, han desempeñado un papel clave en el avance de los derechos indígenas y la protección ambiental en toda América Latina.
En los últimos años, la corte ha condenado a gobiernos por permitir proyectos mineros en tierras indígenas sin la debida consulta, y los defensores han recurrido cada vez más a ella como un foro para la rendición de cuentas relacionada con el clima.
La opinión consultiva se basa en el fallo consultivo de 2017 de la corte que reconoció el derecho a un ambiente saludable como un derecho humano independiente, profundizando su aplicación en el contexto del colapso climático.
