POR MORGAN LEE
COLUMBUS, Nuevo México, EE.UU. (AP) — Señalamientos de color naranja y escritos en inglés y español sobre prohibición de entrada, colocados por el ejército de Estados Unidos, salpican el desierto de Nuevo México, donde un muro fronterizo atraviesa campos de cebolla y ranchos resecos con mechones de hierba alta que crecen entre arbustos delgados y árboles de yuca.
El Ejército estadounidense ha colocado miles de estas advertencias en Nuevo México y el oeste de Texas, declarando un «área restringida por autoridad del comandante”. Es parte de un cambio importante que ha impulsado al Ejército a participar en la vigilancia fronteriza con México como nunca antes.
La medida coloca largos tramos de la frontera bajo la supervisión de bases militares cercanas, facultando a las tropas estadounidenses para detener a personas que ingresan sin autorización legal al país y para eludir una ley que prohíbe la participación militar en la aplicación de las leyes civiles.
Se realiza bajo la autoridad de la emergencia nacional en la frontera declarada por el presidente Donald Trump en su primer día en el cargo.
Las autoridades estadounidenses afirman que las zonas son necesarias para cerrar brechas en la vigilancia fronteriza y ayudar en el combate más amplio contra las redes de tráfico humano y los brutales cárteles de drogas.
La militarización está siendo impugnada en los tribunales y ha sido criticada por defensores de los derechos civiles, grupos de ayuda humanitaria y entusiastas del aire libre que se oponen a que se les impida el acceso a tierras públicas al tiempo que las tropas tienen libertad de acción.
Abbey Carpenter, líder de un grupo de búsqueda y rescate de migrantes desaparecidos, dijo que se está negando el acceso público a extensos tramos de desierto donde las muertes de migrantes han aumentado.
“Tal vez hay más muertes, pero no lo sabemos”, expresó.
Expansión militar
Dos zonas militarizadas forman un área de amortiguamiento a lo largo de 370 kilómetros (230 millas) de frontera, desde Fort Hancock, Texas, pasando por El Paso y hacia el oeste a través de vastas tierras de ranchos en Nuevo México.
La semana pasada, el Departamento de Defensa agregó una zona adicional de 400 kilómetros (250 millas) en el Valle del Río Grande de Texas y planea otra cerca de Yuma, Arizona. En conjunto, las zonas cubrirán casi un tercio de la frontera de Estados Unidos con México.
Las zonas son patrulladas por al menos 7.600 miembros de las fuerzas armadas, expandiendo enormemente la presencia del gobierno estadounidense en la frontera.
La reacción a la zona de amortiguamiento militar ha sido mixta entre los residentes del condado rural Luna en Nuevo México, donde una fuerte cultura de libertad individual se ve atemperada por el deseo de sofocar las redes que cruzan migrantes y contrabando por la frontera.
“Nosotros como familia siempre hemos apoyado mucho la misión y la seguridad fronteriza”, dijo James Johnson, un agricultor de cuarta generación que supervisa a trabajadores temporales que llenan enormes cajas de plástico con cebollas, ganando 22 dólares por contenedor.
Los despliegues militares bajo presidentes anteriores pusieron “ojos y oídos” en la frontera, comentó Johnson. Esta versión está “tratando de imponer algo de fuerza”.
Pero algunos cazadores y excursionistas temen ser excluidos de un paisaje accidentado y apreciado.
“No quiero ir allí con mi fusil de caza y que de repente alguien se me acerque y me diga que estoy en una zona militar”, señaló Ray Trejo, coordinador de la Federación de Vida Silvestre de Nuevo México y comisionado del condado Luna. “No sé si estas personas han sido entrenadas para desescalar situaciones”.
Exprofesor de inglés como segundo idioma en una escuela pública, Trejo dijo que los cargos de invasión militar parecen inhumanos en una economía construida sobre el trabajo agrícola inmigrante.
“Si el Ejército, la Patrulla Fronteriza y fuerzas de aplicación de la ley en general están deteniendo a personas por razones de transporte, de tráfico humano, no tengo problema”, manifestó. “Pero la gente está viniendo a nuestro país a trabajar, entrando ahora de repente en una zona militar, y no tienen idea”.
Nicole Wieman, portavoz del comando del Ejército, dijo que el Ejército está negociando un posible acceso público para recreación y caza, y respetará los derechos privados de pastoreo y minería.
Aumento del castigo
Más de 1.400 migrantes han sido acusados de invasión de territorio militar, enfrentando una posible sentencia de prisión de 18 meses por una primera ofensa. Eso se suma a un cargo de ingreso ilegal que conlleva hasta seis meses de detención.
Después de eso, la mayoría son entregados a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) para una probable deportación. No ha habido arrestos aparentes de ciudadanos estadounidenses.
En una corte federal en Las Cruces, Nuevo México, a orillas del Alto Río Grande, los migrantes con uniformes de cárcel del condado y cadenas se presentaron ante un juez magistrado un día entre semana reciente.
Una mujer guatemalteca de 29 años batalló para entender las instrucciones a través de un intérprete de español cuando se declaraba culpable de ingreso ilegal. Un juez desestimó los cargos de invasión militar por falta de pruebas, pero la sentenció a dos semanas de cárcel antes de ser transferida para una probable deportación.
“Vende cerámica, es una mujer muy sencilla con una educación de sexto grado”, dijo un abogado defensor público al juez. “Me dijo que va a regresar y se va a quedar allí».
Cruces fronterizos
Los arrestos de la Patrulla Fronteriza a lo largo de la frontera sur este año han caído al nivel más bajo en seis décadas, incluyendo una disminución del 30% en junio respecto al mes anterior a medida que disminuyen los intentos de cruce.
El 28 de junio, la Patrulla Fronteriza realizó sólo 137 arrestos, un marcado contraste con finales de 2023, cuando los arrestos superaron los 10.000 en los días más ocupados.
Las primeras zonas militarizadas, establecidas en abril y mayo, se extienden al oeste de El Paso más allá de fábricas y corrales de ganado para rodear parcialmente el pueblo fronterizo de Columbus en Nuevo México, y sus 1.450 habitantes.
Fue ahí donde las fuerzas revolucionarias mexicanas lideradas por Pancho Villa cruzaron a Estados Unidos en una incursión mortal en 1916.
Hoy en día, un cruce fronterizo en Columbus es donde cientos de niños con ciudadanía estadounidense cruzan diariamente desde una comunidad dormitorio en México para abordar autobuses escolares públicos y asistir a clases cercanas.
El alcalde de Columbus, el republicano Philip Skinner, dice que ha visto ocasionalmente vehículos militares pero no evidencia de interrupción en un área donde los cruces no autorizados han sido inusuales.
“No estamos muy sintonizados con esta política nacional”, resaltó Skinner.
La supervisión está dividida entre los comandos del Ejército de Estados Unidos en Fort Bliss, Texas, y Fort Huachuca, Arizona. Las zonas militarizadas eluden la Ley Posse Comitatus, una ley de 1878 que prohíbe al ejército realizar tareas de aplicación de la ley civil en suelo estadounidense.
Russell Johnson, un ranchero y exagente de la Patrulla Fronteriza, se dijo de acuerdo con la nueva zona militarizada donde su rancho limita con México en tierras arrendadas a la Oficina de Administración de Tierras.
“Hemos visto absolutamente casi todo lo imaginable que puede suceder en la frontera, y la mayoría es malo”, dijo, recordando persecuciones de vehículos todoterreno en su rancho y cuerpos sin vida recuperados por la Patrulla Fronteriza.
A finales de abril, indicó, cinco vehículos militares blindados pasaron varios días en un hueco en el muro fronterizo, donde la construcción se suspendió al inicio de la presidencia de Joe Biden. Pero, dijo, no ha visto mucho del ejército en las últimas semanas.
“Lo único que realmente ha cambiado es la pequeña señalización adicional”, comentó. “No estamos viendo la presencia militar aquí como esperábamos”.
Desafíos judiciales
Los defensores públicos federales han impugnado la nueva supervisión militar de tierras públicas en Nuevo México, aprovechando el arresto de un hombre mexicano por invasión a través de un terreno remoto para probar las aguas legales.
Denunciaron la designación de una nueva zona militar sin autorización del Congreso “con el único propósito de permitir la acción militar en suelo estadounidense” como “un asunto de importancia política asombrosa e inédita”. Un juez no ha dictaminado sobre el asunto.
Por su parte, los desafíos judiciales a los cargos de invasión en la zona militarizada han encontrado una mezcla de condenas y absoluciones en el juicio.
Ryan Ellison, el principal fiscal federal en Nuevo México, logró condenas por invasión en junio contra dos inmigrantes que ingresaron nuevamente a una zona militarizada después de una advertencia inicial.
“No va a haber un problema en cuanto a si estaban o no advertidos”, dijo en una reciente conferencia de prensa.
La abogada de la Unión Americana de Libertades Civiles, Rebecca Sheff, dice que el gobierno federal está probando un enfoque más punitivo para la vigilancia fronteriza con las nuevas zonas militares y le preocupa que se expanda a lo largo de toda la frontera.
“En la medida en que el gobierno federal tenga aspiraciones de establecer una presencia militar mucho más hostil a lo largo de la frontera, este es un vehículo que están impulsando para potencialmente hacerlo. … Y eso es muy preocupante”, subrayó.
