La Contraloría General de la República emite la circular IN-CGR-CIR-2025-0007, mediante la cual instruye a todas las instituciones públicas a realizar un Inventario General de Bienes de Cambio o de Consumo al 30 de junio de 2025.
Con esta iniciativa Contraloría buscar reforzar la eficiencia y el control en la gestión de los recursos públicos, y garantizar un manejo responsable de bienes como medicamentos, alimentos crudos, materiales de oficina y suministros médicos.
De su lado, el contralor general de la República, Félix Santana García, dijo que esta iniciativa cumple con el marco legal vigente y responde a las expectativas de la ciudadanía por una gestión pública transparente y efectiva, adherida a las políticas de transparencia del presidente Luis Rodolfo Abinader Corona.
Señaló que, conforme a lo establecido en la Resolución núm. IN-CGR-RES-2023-0008 del 15 de noviembre del 2023, las instituciones del Gobierno Central, entidades descentralizadas y autónomas, organismos públicos de la seguridad social y empresas públicas con participación estatal deben llevar a cabo inventarios físicos periódicos de los bienes de cambio o consumo en sus almacenes, con la supervisión de las Unidades de Auditoría Interna (UAI) de la Contraloría General de la República.
Santana García, explicó que este inventario tiene como propósito fortalecer la gestión pública y consolidar la confianza ciudadana en las instituciones del Estado, debido a que la verificación física de los bienes de consumo asegura que los recursos del Estado sean controlados de manera precisa.
El funcionario, manifestó que los auditores validarán la exactitud de la toma física realizada de los inventarios de bienes que, además, reducirán los riesgos de desvíos hacia actividades privadas por servidores, funcionarios o irregularidades, y promueve una cultura de rendición de cuentas efectiva y transparente.
Indicó que el inventario general permitirá identificar excedentes, faltantes y bienes vencidos, facilitando una mejor planificación y distribución de los recursos públicos, lo que se traducirá en un uso más eficiente del Presupuesto General del Estado, en víspera de la formulación del presupuesto para el 2026.
Manifestó que la participación de las Unidades de Auditoría Interna de la Contraloría General de la República en el proceso de inventario, refuerza los mecanismos de Sistema Nacional de Control Interno (Sinaci), que la ley le otorga como jerarquía superior para la emisión de la normatividad básica que regula dicho sistema, garantizando que las instituciones cumplan con las normativas vigentes y protejan el patrimonio público.
Dijo que los datos proporcionados del inventario facilitarán al Gobierno una visión integral del estado de los bienes de consumo, permitiendo decisiones estratégicas para mejorar la gestión administrativa y financiera, además de evitar el dispendio o uso indebido de los bienes que se adquieren para satisfacer las necesidades de los ciudadanos.
Santana García, indico que los datos proporcionados del inventario facilitarán al Gobierno una visión integral del estado de los bienes de consumo, permitiendo decisiones estratégicas para mejorar la gestión administrativa y financiera, evitando el dispendio o uso indebido de los bienes de consumo.
Expresó que al 29 de junio del presente año, el Gobierno ha ejecutado un presupuesto de RD$17,523,131,691 en materiales y suministros, los cuales se han adquirido para satisfacer las necesidades de los ciudadanos y para el funcionamiento de los entes y órganos públicos.
El Contralor General de la República Félix Santana García, recordó a los servidores y funcionarios que, de conformidad con el artículo 31de la Ley 10-07 que instituye el Sistema Nacional de Control Interno, están compelidos a realizar las labores de inventario, ya que su incumplimiento conllevaría sanciones administrativas, de acuerdo con las establecidas en la Ley núm. 41-08 de Función Pública.
La Contraloría General de la República reafirmó su compromiso con la modernización y la eficiencia en la administración pública, alineándose con los principios de la buena gobernanza y el uso responsable de los recursos del Estado.
