República Dominicana lucha desde hace décadas contra el embarazo de sus menores con campañas y estrategias legales. Aunque hay avances, es poco lo que se ha logrado.
La reciente condena al pelotero dominicano Wander Franco a dos años de prisión suspendida, no solo marcó la caída de una joven promesa del béisbol, puso bajo el reflector un drama más amplio y estructural: la normalización del embarazo adolescente en la República Dominicana y la indiferencia social ante el abuso sexual encubierto por la pobreza, el silencio o el consentimiento manipulado.
En el juicio se determinó que la madre de la menor exigía dinero a cambio de permitir la relación con Franco, un patrón que evoca los peores rostros de la explotación infantil: la familia como intermediaria, la infancia convertida en mercancía, el éxito deportivo como coartada de impunidad.
Pero el caso Franco no es un hecho aislado. Es el espejo de una realidad que el país arrastra desde hace décadas.
Una epidemia nacional
La República Dominicana tiene una de las tasas más altas de embarazo adolescente de América Latina.
Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa), el 20 % de los nacimientos corresponde a madres menores de 20 años, y en algunas zonas rurales esa proporción se acerca al 30 %.
La tasa de fecundidad adolescente es de 94 por cada 1,000 mujeres entre 15 y 19 años, la más alta de la región, solo superada por Nicaragua y Venezuela.
El embarazo temprano corta de raíz la trayectoria vital de miles de niñas.
Según el Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa (Ideice), alrededor del 52 % de las adolescentes que quedan embarazadas abandonan la escuela, y la gran mayoría no retorna. A menudo, el padre del hijo es un adulto mucho mayor, y rara vez enfrenta consecuencias legales.
Causas estructurales
Los organismos internacionales coinciden en identificar una combinación de factores detrás del fenómeno:
Ausencia de educación sexual integral en las escuelas.
Falta de acceso a servicios de salud reproductiva y anticonceptivos.
Tolerancia cultural y familiar hacia uniones tempranas.
Débil aplicación de las leyes de protección de menores.
Silencio institucional y falta de registros judiciales.
En muchos barrios y comunidades rurales, las uniones entre adultos y adolescentes son vistas como inevitables o incluso deseables.
La figura del «hombre que ayuda» —provee dinero, comida, ropa o transporte— es aceptada con normalidad. En ese contexto, el consentimiento de la menor pierde sentido: está condicionado por la necesidad, el entorno y la presión adulta.
10 años de prisión
Fue la condena que le impusieron a Martha Vanessa Chevalier tras hallarla culpable de múltiples delitos, incluyendo extorsión, complicidad y explotación de su propia hija. También le incautaron bienes y dinero en efectivo.
2 años de prisión suspendida
Fue la sentencia que recibió Wander Franco, una pena suspendida bajo condiciones especiales, por considerarlo culpable de abuso sexual en perjuicio de una menor de 15 años.
Las cifras disminuyen, pero siguen siendo preocupantes
Dominicana sigue luchando contra el embarazo adolescente, pero 23,070 jóvenes quedaron embarazadas en 2023 y la cifra fue de 17,846 en el 2024. Una cifra que ha bajado por quinto año consecutivo, sin embargo continúa muy elevada para los estándares correctos de salud pública, estableció Diario Libre en marzo de 2024.
En 2019 se contaron 32,061 casos, un año después, el de la pandemia, fueron 27,597. En 2021 se consiguieron mantener esas cifras, incluso bajarlas un poco. Luego, en los dos últimos años la mejora ha sido significativa: en 2022 hubo 25,489 embarazos adolescentes.
Parece que poco a poco el asunto mejora, pero siguen siendo números que preocupan. Son muchas las niñas y adolescentes que pasan por el embarazo.
La tasa de embarazos infantiles varía por clases sociales. En los entornos con más riqueza, por ende, con mejor educación, los casos disminuyen, en los lugares más pobres, 145 de cada 1,000 adolescentes quedan embarazadas. En la clase alta, 28 de cada 1,000.
Una impunidad sistemática
El caso Franco llegó a los tribunales porque involucraba a un famoso con recursos y visibilidad.
Pero ¿cuántas adolescentes quedan embarazadas cada año sin que nadie investigue al adulto que las embarazó?
La ley es clara: si un adulto sostiene relaciones sexuales con una menor, incluso con su consentimiento, comete abuso o violación si existe desigualdad de edad o poder. Y, sin embargo, la gran mayoría de estos casos nunca se judicializa.
La sociedad ha tolerado este patrón. Se habla de «uniones consensuadas», de «amores tempranos», de «errores juveniles», cuando en realidad se trata muchas veces de violaciones sistemáticas encubiertas por la desigualdad social y el silencio institucional.
Un país que debe mirarse en su propio espejo
La condena a Wander Franco no debería archivarse como el escándalo de un ídolo caído. Es un símbolo de algo más profundo y doloroso: de una nación que falla en proteger a sus niñas, que normaliza el abuso si hay dinero de por medio, y que calla cuando el poder impone sus reglas.
Mientras el Estado no actúe con decisión —con leyes, con educación, con justicia—, el embarazo adolescente seguirá siendo no una tragedia ocasional, sino la manifestación más cotidiana de la violencia sexual impune.
Y en cada niña madre, en cada infancia interrumpida, el país se jugará su futuro.
Fuente Diario Libre
