Tras por los reportajes “Los Amos del Azar” y “Un boleto sin garantía”, publicados por este medio, el Ministerio Hacienda sometió al Congreso un proyecto de ley para regular el negocio de las bancas de lotería y otros juegos de azar.
Ambos trabajos periodísticos dejaron al desnudo una estructura de poder donde el dinero, la política y la impunidad se entrelazan sin control.
Por un lado, se documentó cómo legisladores multimillonarios manejan miles de bancas —muchas ilegales— y por otro, se expuso la vida de las mujeres que trabajan encerradas en casetas sin baños, sin seguridad, sin contrato y sin derechos.
La respuesta oficial llegó, sí, pero tarde, cojeando y deja intactas muchas de las estructuras que denunciamos.
Entre las medidas que se incluyen en el nuevo proyecto de ley, se destacan:
La creación de la Dirección General de Juegos de Azar (DGJA), una nueva entidad autónoma que sustituye a la antigua Dirección de Casinos del Ministerio de Hacienda.
Se establece que los dueños de bancas no podrán operar sin licencia ni con deudas fiscales o laborales, y deberán registrarse en un Sistema Único de Registro enlazado con la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
Las bancas deberán ubicarse a no menos de 200 metros de escuelas, hospitales o iglesias, y las casas de apuestas deportivas a 500 metros.
Se fijan sanciones penales que van desde multas hasta penas de 10 años de prisión por operar de forma ilegal o manipular sorteos.
Se prohíbe que funcionarios del sistema regulador participen en apuestas, y se crea un sistema de autoexclusión para jugadores con adicción.
Todo esto suena bien. Pero no toca el corazón del problema, pues hay elementos muy importantes que no se definieron:
¿Cuál es el límite para el número de bancas por persona o consorcio? Ninguno.
El proyecto no establece un tope de propiedad,ad ni de concentración, ni en cantidad ni en porcentaje del mercado. Así, un legislador puede seguir siendo dueño de 2,000, 4,000 o 6,700 bancas, como es el caso de Orlando Martínez y Lotedom.
El documento no fija barreras para evitar monopolios ni oligopolios, ni controla los acuerdos entre consorcios que concentran el 70% del mercado bajo nombres distintos.
¿Y los legisladores con bancas, no genera esto un conflicto de intereses?
Silencio absoluto
No hay una sola línea que prohíba que diputados o senadores sean propietarios de bancas, ni que legislen en beneficio de sus propios negocios. No se exige desvinculación, ni se declara incompatibilidad. Así se normaliza que los regulados sean al mismo tiempo los reguladores.
¿Se auditarán las ganancias de los grandes consorcios?
No directamente.
El proyecto de ley propone un sistema de interconexión, pero no impone auditorías externas obligatorias a los grandes consorcios ni obliga a revelar el verdadero valor de sus ganancias.
Tampoco se crea una unidad independiente que fiscalice a los multimillonarios del sector, muchos de los cuales han declarado activos muy por debajo de su volumen real de operación.
¿Se prohíben las cuentas en el extranjero con acciones al portador? No.
Pese a que Panorama reveló que empresas como Fixtil Corporation (matriz de Loteka) operan desde paraísos fiscales con acciones al portador —es decir, imposibles de rastrear— el proyecto no prohíbe esta práctica ni exige repatriación de capitales ni titularidad transparente.
Se permite, de hecho, que empresas extranjeras operen con socios locales sin obligar a identificar al beneficiario final en el país.
¿Se limita el nivel de ganancias o de jugadas? Tampoco
El único “límite” es un impuesto de 1% a las ventas brutas y la creación de una fianza. Pero no se establece ningún tope de jugadas diarias por consorcio, ni monto máximo de ventas que obligue a escalar impuestos. En otras palabras: mientras más vendan, más ganan… sin mayor control.
¿Cómo se asegura el pago al fisco? Confiando en ellos
El nuevo proyecto de ley obliga a pagar el 1% mensual a la DGII y un impuesto fijo por licencia. Pero el mecanismo de reporte depende de los propios operadores, y la interconexión tecnológica sigue “en desarrollo”. Hasta que eso no se implemente, la evasión seguirá siendo tan probable como una tripleta mal cantada.
Y las banqueras siguen sin baño ni derechos
Uno de los aspectos más crudos revelados por Panorama —y que el nuevo proyecto de ley apenas menciona de pasada— es la situación de las mujeres que operan las bancas, muchas de ellas en casetas calurosas, sin baños, sin seguridad, y con sueldos por debajo del mínimo.
El anteproyecto hace referencia a que se revocará la licencia si no se cumple con la Seguridad Social o las leyes laborales, pero eso ya está establecido por el Ministerio de Trabajo y no requiere una nueva ley para ser exigido.
No se impone ninguna obligación específica sobre condiciones de trabajo, contrato, derechos mínimos ni dignidad en el oficio.
Tampoco se menciona el derecho a pausas para ir al baño, tener ventilación o resguardo ante atracos, que son comunes en barrios donde las bancas operan hasta altas horas de la noche.
Las banqueras siguen expuestas —literalmente— al sol, a los delincuentes, y al abandono legal. No hay un artículo que les devuelva humanidad ni respeto.
El negocio sigue blindado
Es cierto que se avanzó en algunos frentes: institucionalidad, sanciones penales, y requisitos de distancia. Pero la estructura de poder que denunciamos en los reportajes sigue intacta.
En resumen:
No hay tope de bancas.
No se prohíbe que legisladores sean banqueros.
No se exige transparencia fiscal profunda.
No se eliminan los paraísos fiscales ni los testaferros.
No se auditan a los millonarios que manejan miles de millones en efectivo.
No se dignifica el trabajo de las mujeres que están en los puntos de ventas.
La banca sigue ganando. Y sigue mandando.
