Por doctor Ramón Ceballo
A inicios del siglo XXI, América Latina fue el escenario del resurgimiento de un nuevo proyecto político forjado por gobiernos de izquierda que prometieron romper con las políticas neoliberales impuestas en los años 90.
Bajo la etiqueta de Socialismo del Siglo XXI, líderes como Hugo Chávez en Venezuela, Evo Morales en Bolivia y Rafael Correa en Ecuador ofrecieron un modelo alternativo, centrado en la justicia social, la soberanía nacional y la integración regional.
Sin embargo, más de dos décadas después, lo que para muchos fue una esperanza transformadora, hoy es recordado por otros como un experimento fallido, el balance arroja luces y sombras, entre logros sociales, represión política, crisis económicas y corrupción institucionalizada.
El concepto fue popularizado por el sociólogo alemán Heinz Dieterich Steffan, quien propuso una alternativa al capitalismo basada en “una economía de equivalencias” y en la participación ciudadana. Sin embargo, fue Hugo Chávez quien lo llevó al plano político tras su ascenso al poder en Venezuela en 1999.
Chávez, le dió forma práctica al término, declarándolo oficialmente como el rumbo de la Revolución Bolivariana en el Foro Social Mundial de 2005: “Nosotros hemos optado por el camino del socialismo, del Socialismo del Siglo XXI. Y digo del siglo XXI para distinguirlo del socialismo del siglo XX que fracasó” (Chávez, 2005).
El proyecto aspiraba a un modelo democrático, participativo y antiimperialista, en contraste con el autoritarismo soviético del siglo XX. A partir de 2005, otros países como Bolivia, Ecuador y Nicaragua se sumaron al bloque con proyectos similares.
Durante la llamada «década dorada de América Latina» (2003–2013), con el auge de los precios de las materias primas, especialmente del petróleo, los gobiernos del llamado Socialismo del Siglo XXI se beneficiaron del boom de los commodities.
Por ejemplo, el precio del barril de petróleo venezolano pasó de 23 dólares en 2003 a más de 100 dólares en 2012 (Banco Central de Venezuela). Con estos recursos, se financiaron ambiciosos programas sociales:
En Venezuela, el gobierno de Chávez lanzó las Misiones Bolivarianas, que lograron reducir la pobreza del 49.4% en 1999 al 27.5% en 2011 (CEPAL).
En Bolivia, el PIB per cápita se triplicó entre 2005 y 2014, y la pobreza extrema cayó del 38% al 17% (Banco Mundial).
En Ecuador, el gasto público en salud y educación se duplicó entre 2007 y 2015 (UNESCO).
Sin embargo, gran parte de este crecimiento fue dependiente de la renta extractiva, sin una diversificación productiva sostenible.
Con el tiempo, las grietas del modelo comenzaron a evidenciarse, los gobiernos del Socialismo del Siglo XXI comenzaron a mostrar tendencias autoritarias.
En nombre de la revolución, muchos líderes buscaron concentrar el poder, tras años de control del poder, desmantelaron progresivamente la institucionalidad democrática, eliminando la independencia judicial, persiguiendo a la prensa libre y criminalizándolo.
Lo que comenzó como una revolución popular derivó en un regímenes con tendencias autoritarias.
En Venezuela, Chávez promovió enmiendas constitucionales en 2009 para permitir la reelección indefinida. Su sucesor, Nicolás Maduro, eliminó en 2017 la Asamblea Nacional elegida democráticamente mediante una Asamblea Constituyente dominada por el oficialismo, en un acto ampliamente condenado por la comunidad internacional (OEA, Human Rights Watch).
En Ecuador, Rafael Correa también modificó la constitución y buscó reelegirse, aunque luego dio paso a Lenín Moreno, quien se distanció del correísmo.
En Nicaragua, Daniel Ortega retornó al poder en 2007 y ha gobernado desde entonces con elecciones ampliamente cuestionadas. En 2021, arrestó a siete precandidatos presidenciales, consolidando un régimen de facto (Amnistía Internacional).
La falta de controles y transparencia propició la corrupción a gran escala. En Venezuela, el Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional ubicó al país en el puesto 177 de 180 en 2023, siendo uno de los más corruptos del mundo.
En paralelo, las economías se desmoronaron cuando cayó el precio de las materias primas. Venezuela entró en hiperinflación en 2017, con una inflación acumulada de más de 10.000.000% entre 2016 y 2019 (FMI).
Para 2023, el 94.5% de los venezolanos vivía por debajo del umbral de pobreza, según la Encuesta ENCOVI de la Universidad Católica Andrés Bello.
La crisis humanitaria provocó la migración de más de 7.7 millones de venezolanos fuera del país (ACNUR, 2024), configurando la mayor diáspora de América Latina.
Los gobiernos que adoptaron este modelo han sido reiteradamente denunciados por la comunidad internacional por violaciones a los derechos humanos.
La Misión de Verificación de la ONU en Venezuela ha documentado ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura y persecución política, particularmente entre 2014 y 2020.
En Nicaragua, la represión violenta de las protestas de 2018 dejó al menos 355 muertos (CIDH), además de miles de exiliados.
En Bolivia, tras la renuncia de Evo Morales en 2019 y los disturbios posteriores, se produjeron violaciones de derechos humanos tanto por parte del gobierno interino como en la posterior represión del MÁS, según informes de la CIDH.
El Socialismo del Siglo XXI, en su promesa original, representó una alternativa legítima al modelo neoliberal que había exacerbado la desigualdad en América Latina.
Sin embargo, la falta de instituciones sólidas, la concentración de poder, el uso político del aparato estatal y la dependencia de recursos naturales terminaron por convertir una oportunidad histórica en una tragedia anunciada.
Lejos de fortalecer la democracia, muchos de estos gobiernos la erosionaron. Lejos de empoderar al pueblo, lo sumieron en la pobreza, la censura y el exilio.
Hoy, el Socialismo del Siglo XXI queda como una advertencia regional: sin pluralismo, rendición de cuentas y libertad, ni el mejor discurso de justicia social puede sostenerse en el tiempo.
