La pieza, depositada en el Senado, propone una transformación profunda del marco legal vigente desde 1962.
El proyecto de Ley Orgánica de Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales, sometido por el Poder Ejecutivo al Senado el pasado 23 de abril, toma como base casi íntegra un anteproyecto elaborado por la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD) en coordinación con representantes de la sociedad civil.
El texto es fruto de un amplio proceso de consultas técnicas, debates interinstitucionales y acuerdos entre diversos sectores interesados en garantizar un marco legal moderno, democrático y respetuoso de los derechos fundamentales.
La propuesta busca reemplazar la Ley 6132, vigente desde 1962, y adaptar la legislación nacional a los estándares internacionales sobre libertad de expresión y acceso a la información.
Entre sus ejes fundamentales se destaca el reconocimiento expreso de la libertad de expresión como derecho esencial, ejercible sin censura previa y por cualquier medio, incluyendo plataformas digitales.
Principios incorporados
El proyecto incorpora principios clave como la neutralidad de la red, el acceso equitativo y universal a internet como condición para ejercer el derecho a la información, la equidad lingüística y la tolerancia al escrutinio público, en especial hacia figuras públicas.
También prohíbe la censura indirecta mediante la asignación arbitraria de publicidad estatal o licencias.
Refuerza garantías tradicionales del periodismo, como el secreto profesional, la cláusula de conciencia y el derecho a rectificación o respuesta ante publicaciones inexactas o agraviantes. Además, establece el acceso igualitario a fuentes informativas públicas y privadas de interés social.
Novedad en el proyecto
Una novedad destacada es la regulación de plataformas digitales que operen en el país con más del 10 % de los usuarios nacionales de internet. Estas deberán contar con representación legal en República Dominicana y garantizar el debido proceso ante la eliminación o moderación de contenidos.
Propone la creación de un instituto
El proyecto también crea el Instituto Nacional de Comunicación (Inacom), un órgano regulador autónomo y descentralizado, adscrito al Ministerio de Cultura, que supervisará medios audiovisuales y plataformas digitales.
Su Consejo Directivo será designado por el Senado a partir de ternas presentadas por el Poder Ejecutivo.
El texto contempla protecciones especiales para la infancia, regula la publicidad dirigida a menores y promueve la accesibilidad en los medios para personas con discapacidad.
Incluye un régimen sancionador graduado y un mecanismo de desindexación de contenidos únicamente por vía judicial y en casos debidamente justificados.
Finalmente, establece la eliminación de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía, cuyas funciones serán asumidas por el Inacom bajo un régimen transitorio.
