El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional varió este jueves la medida de coerción que pesaba sobre el exfiscal general de la República Jean Alain Rodríguez, principal implicado en el caso de corrupción administrativa conocido como Medusa, y dictó el levantamiento de la prisión domiciliaria y la retirada del grillete electrónico.
Se mantiene para Rodríguez una garantía económica de 30 millones de pesos y el impedimento de salida del país, según la decisión judicial.
A la salida de la sala, el exprocurador aseguró a los periodistas que, aunque ha sido bastante duro, asumió con mucha entereza y paciencia los casi cuatro años de privación de libertad, de ellos 18 meses de prisión preventiva, aunque, aseguró, no debería haber sido «un solo día».
«Llegó el momento de que estemos de vuelta en libertad», dijo Rodríguez, quien antes de que el tribunal variara las medidas prometió no sustraerse del proceso penal.
Por su parte, representantes de la Fiscalía, que pedían el mantenimiento de la prisión domiciliaria, indicaron que el proceso sigue, que se va a continuar juzgando la culpabilidad o la inocencia de Rodríguez y que el Ministerio Público va a hacer lo posible para destruir la presunción de inocencia en base a la acusación y los elementos de prueba durante el juicio, cuyo inicio se ha aplazado al 23 de junio próximo.
Además de Jean Alain Rodríguez en el caso Medusa están acusados Jhonatan Joel Rodríguez Imbert, Alfredo Alexander Solano Augusto, Javier Alejandro Forteza Ibarra, Rafael Antonio Mercedes Marte, Miguel José Moya, Braulio Michael Batista Barias, Alejandro Martín Rosa Llanes, Ramón Lucrecio Burgos, Jhonatan Loander Medina Reyes, Isis Tapia, Félix Antonio Rosario Labrada, Francis Ramírez Moreno, Rolando Rafael Sebelén Torres, César Nicolás Rizik Pimentel y José Luis Liriano Adames, así como 22 empresas.
Afrontan cargos por supuesta corrupción, incluidos soborno, desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos durante la gestión de Rodríguez como procurador general de la República (2016-2020).
Según el expediente acusatorio, se malversaron más de 6,000 millones de pesos mediante procesos fraudulentos en la Procuraduría General de la República.EFE
