La magistrada del Tribunal Constitucional, Eunisis Vásquez Acosta, ponderó que ese alto tribunal ha sentado precedentes importantes y ha abierto el camino hacia una mayor protección de los derechos de las mujeres, al emitir una serie de fallos para garantizar, proteger y promover activamente la igualdad de género en República Dominicana.
La jueza segunda sustituta presidente del Trinunal subrayó que estas sentencias han tenido un impacto directo en la vida de las mujeres dominicanas y han permitido que muchas accedan a derechos que antes les eran negados y han fortalecido la protección frente a la violencia de género.
“Cada sentencia representa un paso en la construcción de una jurisprudencia comprometida con la igualdad de género. Estas decisiones no son simples resoluciones de casos concretos, sino que son expresiones de un compromiso por transformar la igualdad formal en igualdad real. A través de ellas, el Tribunal Constitucional ha buscado cerrar brechas, proteger a las víctimas de violencia, y asegurar una participación”, expuso.
Dentro de los tipos de sentencias que ha emitido el Tribunal Constitucional en esta materia, resaltó las de protección contra la violencia de género, con sentencias clave, tales como: TC/0010/12, TC/0109/13, TC/0238/17, reiteradas por las sentencias TC/0268/14, TC/0493/18 y TC/0901/18.
“El mensaje en estas decisiones es claro: la igualdad de género no puede ser plena si no se garantiza primero la seguridad y la protección de quienes, históricamente, han sido más vulnerables. Este análisis nos muestra que, aunque el camino hacia la igualdad de género no es fácil, el Tribunal Constitucional ha buscado asegurarse de que la protección de los derechos de las mujeres no se quede en el papel, sino que se traduzca en acciones concretas que salvan vidas y aseguran la integridad de las personas en situaciones de vulnerabilidad”, manifestó.
También citó decisiones que se han ha emitido sobre la igualdad en la representación política y acceso a cargos públicos, con sentencias clave como son: TC/0159/13, TC/0668/18, TC/0104/20, y TC/0620/23. Expuso esas sentencias buscan asegurar una representación equilibrada de las mujeres en cargos públicos.
Igualmente, refirió sentencias sobre derechos de las mujeres en uniones de hecho y pensiones de sobrevivencia, como las números: TC/0012/12, TC/0432/15, TC/0261/16, TC/0007/17, TC/0027/17, TC/0742/17, TC/0162/20 y TC/0106/22.
Apuntaló que uno de los aspectos más relevantes de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional se ha centrado en la protección de los derechos de las mujeres en uniones de hecho, particularmente en lo que respecta al acceso a pensiones de sobrevivencia luego de la muerte de sus parejas.
“Estas sentencias han tenido un impacto significativo, ya que abordan la realidad de muchas mujeres dominicanas cuya situación no se ajusta a las estructuras tradicionales de familia, garantizando su derecho a la seguridad social y protegiendo su bienestar económico”, indicó.
Planteó que uno de los temas más relevantes abordados por el Tribunal Constitucional es la discriminación positiva y la implementación de medidas de acción afirmativa, ya que estas medidas son imprescindibles para superar las desigualdades históricas y garantizar que la igualdad formal, consagrada en la Constitución, se traduzca en igualdad efectiva en la vida de las personas.
Aseguró que a través de diversas sentencias como TC/0028/12, TC/0159/13, TC/0014/14, TC/0266/14, las Proclamas TC/0003/17 y TC/0004/18, y las sentencias TC/0278/15, TC/0672/18, TC/0226/21 y TC/0206/24, el Tribunal ha reafirmado que la protección de los derechos de las mujeres y la igualdad de género no pueden limitarse a una interpretación estrictamente formalista de la ley; requieren de medidas concretas que promuevan la equidad.
Precisó que la Constitución de 2024 es clara al reconocer la igualdad de todos los ciudadanos y la prohibición de cualquier forma de discriminación.
Consideró que el reto es continuar fortaleciendo la interpretación de los derechos fundamentales desde una perspectiva de género, asegurando que las decisiones judiciales sigan avanzando hacia una mayor igualdad de género.
“El Tribunal tiene la responsabilidad de seguir vigilando que las medidas adoptadas por el Estado sean efectivas y cumplan con el objetivo de promover una igualdad sustantiva”, concluyó.
