El Centro Bahía de Manzanillo para el Desarrollo Regional (CEBAMDER) denunció la falsa protección ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, que, mientras paraliza la construcción de viviendas en los sectores humildes Altos de las Palomas y Manhattan, en plena comunidad de Manzanillo, permite la destrucción de Playa Estero Balsa, un santuario Ramsar.
Es incalculable el valor ecológico para la biodiversidad del Parque Manglares de Estero Balsa. Esta contradicción evidencia una política selectiva que castiga a los más pobres mientras favorece los intereses de grandes corporaciones energéticas.
El presidente de la organización ciudadana, Frank Valenzuela, denunció que la drástica medida adoptada por el Ministerio de Medio Ambiente, que ha ordenado la paralización de la construcción de viviendas, es justificada por funcionarios del ministerio con el argumento de que la zona en cuestión forma parte del Refugio de Vida Silvestre Laguna, designado como área protegida.
Sin embargo, desde CEBAMDER se critica que tal argumento es utilizado para reprimir el desarrollo habitacional en barrios históricos, evidenciando una política que favorece intereses ajenos a la verdadera protección ambiental.
Valenzuela arremetió contra la lógica absurda y risible que se emplea para detener el progreso de estos barrios. Según él, estos argumentos no son más que un pretexto burdo para paralizar de forma arbitraria la expansión y el crecimiento de sectores populares que llevan más de 75 años construyendo su identidad.
Además, enfatizó que la declaración del Refugio de Vida Silvestre Laguna —formalizada a través de la Ley 202-04 y el Decreto 571-09 en 2004 y 2009— se ha convertido en una herramienta manipulada para deslegitimar el derecho de estas comunidades a desarrollarse y prosperar.
Esta doble moral expone la corrupción institucional que, en nombre de una falsa protección, sacrifica la biodiversidad y el patrimonio natural para favorecer intereses empresariales.
El presidente del Centro CEBAMDER reveló que, tras un reporte realizado por el personal del Ministerio de Medio Ambiente, se detectaron obras en curso en los sectores señalados, lo que derivó en la abrupta orden de paralización de viviendas, muchas de ellas en fases avanzadas o recién iniciadas.
Esta medida, impuesta sin diálogo ni consideración por el impacto en comunidades históricas, evidencia una política arbitraria que reprime el desarrollo legítimo de sectores vulnerables.
En un ataque directo, Valenzuela acusó a Juan Guzmán, encargado regional del área protegida del Ministerio de Medio Ambiente, de emitir la orden de paralización, y a Lenin Inoa, empleado del Ministerio asignado a la reserva de Villa Elisa —donde su función es proteger la orquídea Tolumnia henekenii— por intervenir en el refugio de Laguna Saladilla, un ámbito que claramente no le corresponde.
Estas acciones revelan una alarmante manipulación del poder, que sacrifica el derecho a la vivienda en favor de intereses ajenos y de una gestión insensible y represiva.
El Centro CEBAMDER lamenta profundamente cómo figuras que alguna vez encarnaron la lucha ambiental, como Lenin Inoa, han degenerado en instrumentos de políticas represivas.
Inoa, reconocido en su momento por su compromiso ambiental , llegó a asumir la labor de administrador del Parque Nacional El Morro y Cayos 7 Hermanos, donde se vio envuelto en controversias por su manejo autoritario, involucrándose en conflictos innecesarios con los residentes de San Fernando.
Esta transformación, sumada a las recientes órdenes arbitrarias de paralización de viviendas, ilustra cómo el compromiso con la protección ambiental ha sido distorsionado para fines políticos y de control social.
La situación alcanzó tal nivel de indignación que el alcalde Jesús Jerez se vio obligado a pedir la declaración de persona no grata tanto para Lenin Inoa como para Juan Guzmán, director regional de Medio Ambiente, acusados de conspirar contra el desarrollo de la provincia.
Este gesto no es solo un reclamo político, sino una denuncia clara contra un sistema que, en nombre de la conservación, perpetúa el abuso de poder y frena el progreso legítimo de comunidades históricas. La doble moral de estos funcionarios evidencia un profundo desencanto y un alarmante retroceso en la gestión de los recursos y derechos de los ciudadanos.
