La cancillería del régimen de Venezuela confirmó la repatriación de 177 migrantes venezolanos, asegurando que fueron «injustamente llevados» a Guantánamo.
Por Raúl Castillo
El Gobierno de Estados Unidos confirmó este jueves que ha comenzado a trasladar a 177 migrantes venezolanos retenidos en la base militar de Guantánamo hacia su país de origen.
Según el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), el proceso se llevó a cabo con un vuelo oficial que transportó a los migrantes hasta Honduras, donde fueron entregados a las autoridades venezolanas.
El gobierno estadounidense no ha revelado la identidad de los migrantes trasladados ni detalles sobre su llegada a Caracas.
Desde el 4 de febrero, la administración de Donald Trump ha enviado a un total de 178 migrantes a Guantánamo, según documentos presentados ante una corte del Distrito de Columbia en respuesta a una demanda de varias organizaciones civiles.
La cancillería del régimen de Nicolás Maduro confirmó en un comunicado la repatriación de los 177 migrantes, asegurando que fueron “injustamente llevados” a Guantánamo. Añadieron que serán “recuperados” por la aerolínea estatal Conviasa en territorio hondureño.
Asimismo, la cancillería venezolana aseguró que si alguno de los repatriados habría cometido algún delito, las autoridades “actuarán de acuerdo con las leyes” con ellos.
Honduras, por su parte, aseguró que el “trasbordo humanitario” de los migrantes hacia su territrio se hizo en un tiempo de dos horas, “de manera ordenada y segura”.
La nota oficial de Tegucigalpa expresa que el proceso “forma parte de un esfuerzo de cooperación positiva entre los Gobiernos de Honduras, los Estados Unidos de América y la República Bolivariana de Venezuela”.
El uso de Guantánamo
El uso de la base militar para detener migrantes ha generado controversia, con críticas de organizaciones de derechos humanos que han calificado la medida como una violación de los derechos de los retenidos.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) argumenta en su demanda que los migrantes han sido mantenidos incomunicados y sin acceso adecuado a asistencia legal.
Funcionarios del Gobierno, como la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, han defendido la política de trasladar a estos migrantes a la base, asegurando que se trata de individuos de “alto riesgo” con supuestos vínculos con la organización criminal Tren de Aragua.
No obstante, familiares de algunos de los detenidos han rechazado estas afirmaciones y aseguran que sus seres queridos no tienen antecedentes penales.
Con información de EFE.
