La señora de 92 años fue favorecida por una sentencia del TSA en el 2021.
Por Wilder Páez
El senador por la provincia San Juan, Félix Bautista, se solidarizó este jueves con la anciana de 92 años, Eladia Ozuna Reyes, a quien la justicia dominicana ordenó a través de una sentencia en el año 2021, que el Gobierno debía pagarle la suma de 85 millones de pesos, luego de que, siendo ella muy joven fue desalojada junto a sus padres de los terrenos de su propiedad en que hoy funciona el Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA), José Francisco Peña Gómez.
Bautista aprovechó el momento para hacerle un llamado al presidente de la República, Luis Abinader, para que honre el pago a la señora antes de que sea tarde. En el 2021 el Tribunal Superior Administrativo (TSA) ordenó que el metro cuadrado de esas tierras fuese pagado a RD$7,625.
Al día de hoy la anciana invidente reside en el distrito municipal La Caleta del municipio Boca Chica en la provincia de Santo Domingo en total indigencia y afectada de diabetes e hipertensión y está postrada en una silla de ruedas porque solo tiene un pie.
En un video colgado en sus redes sociales, Félix expresa conmoción por la publicación de Diario Libre sobre esta situación y llama al gobierno a respetar el derecho de propiedad que emana de la Constitución de la República, y disponer de los más de 37 mil millones de pesos que se le otorgan a la Presidencia y cumplir con el pago autorizado por ley.
«Entiendo justo señor presidente, que, de los fondos de la Presidencia de la República, para el año 2025, usted pueda pagarle a esta señora que está postrada en una silla de ruedas», expresó el legislador.
Gobierno quiere pagar cinco años después
La mujer dijo a Diario Libre que aún sigue esperando que el presidente Luis Abinader, vía el Ministerio de Hacienda, desembolse el dinero que le corresponde y que ella y su familia lo necesitan. Mientras el tiempo corre, el citado ministerio ha dicho que ese pago se hará para el año 2026.
El ministro de Hacienda, Jochi Vicente, respondió afirmativamente a finales de este año 2024, a través de una carta dirigida al abogado, Ángel Lockward, que todo estaba correcto, pero que ya sería para el 2026 cuando se ejecutaría el pago.
La mujer, cada día renueva sus esperanzas de que recibirá la remuneración de los terrenos, mismos fueron declarados de utilidad pública y expropiados en 1955.
«No pude ni siquiera tener una cena de Navidad. A mí no me ha llegado ni un bono de 1,500 pesos de los que da el Estado», dijo la dama a Diario Libre cuando publicó la información.
Uno de los problemas para abordar la justicia era que carecía de papeles, según cuenta la mujer. Narra que ningún abogado quería tomar su caso; «decían que era perder tiempo y dinero, pues el Gobierno es un «delincuente» con poder que invade tu tierra, te saca a patadas de ella y no te paga nunca».
Se quejó de que el Estado explota estas tierras, la arrendó, pero no le paga. Por el más reciente arriendo el Estado cobró hace poco 780 millones de dólares, unos 47 mil millones de pesos.
«El Gobierno nunca me respondió ninguna de las cartas que le envié para que me pagaran. Temo morir y que la sentencia con que se me hizo justicia quede desacatada y mi propiedad violada», concluyó.
