La Suprema Corte de Justicia admitió el recurso en el que la exdiputada del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por La Vega, Rosa Amalia Pilarte López, recurrió la decisión de la Segunda Sala de esa alta corte, que la condenó a cinco años de prisión por lavado de activos, y fijó para el 30 de enero del próximo año el conocimiento del recurso de casación incoado por ella.
El 15 de julio de este año, la exlegisladora Pilarte López interpuso un recurso de casación contra la sentencia penal núm. SCJ-SS-24-0592, emitida el 28 de mayo de 2024 por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, por gozar de jurisdicción privilegiada.
La sentencia la declaró culpable de violar los artículos 3 (numerales 1, 2 y 3) y 9 (numerales 1 y 2) de la Ley núm. 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, condenándola a 5 años de reclusión en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Mujeres, al pago de una multa equivalente a 200 salarios mínimos del sector público y al decomiso de varios bienes inmuebles.
El pasado 5 de diciembre la SCJ conoció el recurso interpuesto por Inversiones Inmobiliaria Cutupú, S.R.L., representada por Manuel Antonio Inoa Valdez, contra el decomiso de los inmuebles ordenado en la sentencia, mediante la cual buscaba levantar las oposiciones sobre dichos bienes y, tras su ponderación, el recurso fue declarado inadmisible.
El Pleno de la SCJ admitió el recurso de casación y fijó la audiencia para el 30 de enero de 2025, a fin de conocer el recurso de casación contra la indicada decisión.
El 29 de mayo pasado, los jueces de la Segunda Sala de la SCJ, Francisco Jerez Mena (presidente), Nancy Salcedo Fernández, Francisco Ortega Polanco, María Garabito y Fran Soto condenaron a cinco años Pilarte López, acusada de integrar una red criminal encabezada por su esposo, Miguel Arturo López (Miky López).
Aunque la enviaron a cumplir la pena al Centro Correccional y de Rehabilitación Rafey Mujeres de Santiago, la misma no se ejecutó porque fue recurrida de inmediato por la defensa de la encartada.
La congresista había notificado un patrimonio de 15,900,000 pesos, pero la justicia dominicana precisó que el verdadero monto es de 4,418,399,312.92 pesos, producto de un «amplio circuito de lavado de activos», con la finalidad de ocultar el origen de los recursos, procedentes del tráfico ilícito de drogas, dijeron las autoridades.
Por Domingo Berigüete
