El propósito es identificar recomendaciones de mejoras que puedan ser consideradas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia.
El Poder Judicial y la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD) iniciaron este jueves un proceso de diálogo para socializar las iniciativas que la institución está llevando a cabo en materia de comunicación y transparencia, tales como la Política de Protección de Datos, la Política de Comunicación y la propuesta de Política de Datos Abiertos.
Según una nota de prensa, estos documentos serán analizados por una comisión en la que participará el magistrado Francisco Ortega Polanco, miembro de la Suprema Corte de Justicia y presidente de la Comisión de Comunicación e Imagen Institucional del Poder Judicial, así como representantes de la Sociedad Dominicana de Diarios.
El propósito es identificar recomendaciones de mejoras que puedan ser consideradas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia.
Además, se propiciará la creación de un observatorio para supervisar la implementación de la Política de Protección de Datos del Poder Judicial. Este observatorio velará por que no se produzcan distorsiones en su ejecución y garantizará que la política responda a los preceptos jurídicos que le dieron origen.
En el encuentro, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, sostuvo que la libertad de prensa y el derecho a la privacidad son pilares fundamentales de una sociedad democrática.
«Desde el Poder Judicial seguiremos garantizando y protegiendo estos derechos de manera imparcial y equilibrada. La Política de Protección de Datos es un instrumento para ello. El objetivo final no es otro que proteger la dignidad, la privacidad y los derechos fundamentales de todas las personas», aseguró.
El presidente de la SDD, Persio Maldonado, expresó: «Estamos de acuerdo en que se debe establecer una política de protección de datos sensibles de los ciudadanos, especialmente en esta época en la que las informaciones personales son más vulnerables».
Agregó que también es fundamental garantizar que las medidas adoptadas coexistan con la libertad de expresión y de prensa, que es un derecho fundamental y la herramienta que utilizamos para defender los demás derechos.
