Por Eladio Antonio Aquino
Economista
La semana pasada tuve el privilegio de asistir a la Gaming & Technology Expo, un evento celebrado en el Hotel Jaragua de Santo Domingo. Esta feria se desarrolló en dos vertientes claramente diferenciadas. Por un lado, la dimensión académica, donde destacados ponentes de toda Latinoamérica, incluyendo a representantes de la República Dominicana, abordaron temas tan relevantes como la regulación, la tecnología y la innovación institucional y tecnológica, entre otros.
Por otro lado, la feria ofreció un espacio dedicado a los proveedores de contenido y plataformas de gestión de juegos. Empresas de renombre mundial presentaron sus productos y servicios a operadores tanto nacionales como internacionales. Entre los expositores más destacados se encontraban Digitain, Pragmatic Play, BetConstruct, Evolution, IGT, Evolution y Raza Carreras.
Ambas dimensiones del evento fueron interesantes, aunque confieso que encontré la sección de proveedores más sólida en comparación con la académica. Sin embargo, una presentación en particular capturó mi atención, quizás debido a mi formación en economía: la exposición de Circe Almánzar, quien abordó el tema de la «Necesidad de la Regulación de los Juegos en Línea en la República Dominicana».
A pesar de que su discurso pudo incurrir en algunas repeticiones, si se analiza con detenimiento, Circe presentó argumentos sólidos a favor de la implementación de un marco regulatorio claro y preciso para los juegos de azar en nuestro país, particularmente para los juegos en línea. Uno de los puntos más esenciales, aunque mencionado de manera secundaria, fue la idea de que el juego es una conducta universal, firmemente arraigada en nuestra sociedad.
Al igual que ocurre en otras naciones, si no existen canales regulados para dicha actividad, las personas recurrirán a vías no reguladas. Este es un hecho histórico que los gobiernos deben reconocer: la confrontación entre lo ideal y lo real no puede ignorarse, especialmente en un contexto donde las tecnologías modernas refuerzan estas conductas mediante interacciones sociales masivas e individualizadas.
Dejar sin regulación las actividades de juego es abrir una puerta al lavado de activos, al fraude contra los consumidores y al incremento de la ludopatía. Controlar estos fenómenos sociales es una responsabilidad estatal, pero el control más efectivo no se logra desde la prohibición o la ignorancia, sino desde la regulación adecuada de las actividades que los generan.
Los juegos de azar, si no son regulados, supervisados y controlados, pueden convertirse en una fuente de problemas sociales y conductuales difíciles de gestionar.
Según Circe, para prevenir los fenómenos asociados a las apuestas y juegos de azar, el gobierno debe centrar sus esfuerzos en la creación y ejecución de un marco regulatorio robusto, basado en la ley.
Este marco debe permitir la supervisión y control de los operadores, las tecnologías utilizadas, las responsabilidades entre operadores y consumidores, la promoción y publicidad de los juegos, y las instancias encargadas de administrar las regulaciones, además de establecer los derechos del Estado sobre las actividades que, en última instancia, son de su competencia.
Uno de los puntos más destacados de la presentación fue la propuesta de la Señora Circe sobre la creación de una Superintendencia de Loterías y Juegos de Azar.
Si bien esta no es una idea nueva—ya en 2015 se discutió en el Senado un proyecto de ley elaborado por el consultor Isidro Tejada e Inmaculada Liriano contemplando una entidad semejante—la propuesta de Circe amplía el enfoque al incluir los juegos en línea.
Esta Superintendencia no solo garantizaría la seguridad en las transacciones y promovería la transparencia, sino que también implementaría programas de juego responsable para mitigar los riesgos asociados a la ludopatía.
Creo que la Señora Almánzar acertó con su análisis. Aquellos que tengan dudas, solo necesitan observar lo que ocurre en la región. Circe mencionó el caso de Colombia, el país con mayor experiencia en la regulación de juegos en línea, pero es justo resaltar también los avances en México y Argentina, que si bien presentan regulaciones más complejas, ya tienen un largo recorrido en este ámbito.
Por su parte Brasil aprobó su paquete regulatorio este año, y antes, en 2022, lo hizo Perú. En cambio, en Chile, un proyecto de regulación de los juegos en línea se encuentra en proceso de aprobación en el Senado en estos momentos.
La República Dominicana no puede quedarse atrás en esta tendencia. La regulación de los juegos en línea, además de ser una necesidad imperante, representa una oportunidad única para generar ingresos fiscales, proteger a los usuarios y atraer inversiones.
Considero, al igual que la señora Circe Almánzar, que con un marco regulatorio adecuado, podríamos posicionarnos como un centro regional de referencia para los juegos en línea, contribuyendo al desarrollo económico y social del país.
