Representantes del Comité Dominicano de los Derechos Humanos y del Frente Amplio de Luchas Populares (FALPO) depositaron una solicitud formal ante la Procuraduría General de la República, exigiendo la ejecución de las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional y la Suprema Corte de Justicia a favor del empresario canadiense Antonio Carbone.

El portavoz de las organizaciones, Diógenes Ozuna, vestido de negro y llevando una cruz de madera, declaró frente a una manifestación masiva ante la Procuraduría General de la República que en el país debe despertarse el estado de derecho.

Indicó que ya es tiempo que se cumpla la resolución TC-0367-21 del TC, que revocó una sentencia anterior que avalaba el despojo de sus propiedades, que incluyen 1,500 bancas de apuestas deportivas y de lotería, así como 13 casinos adquiridos de forma legal tras una gran inversión.

«Instamos a la procuradora Miriam Germán a que, antes de concluir su mandato, haga justicia en el caso Carbone”, manifestó Ozuna.

Puntualizó que las instituciones deben velar por garantizar la invasión extranjera y garantizar la seguridad jurídica.

“Las máximas instancias judiciales de nuestro país han ordenado la devolución de sus bienes, valorados en más de 580 millones de dólares y eso debe acatarse», continuó diciendo el defensor de los derechos humanos.

Advirtió que las organizaciones se han sumado a la lucha de Carbone porque la forma en que fue despojado de sus bienes habla muy mal de la República Dominicana.

Ozuna advirtió: «Si no se atienden nuestros reclamos, intensificaremos las protestas. Exigimos el cese de los abusos y la devolución inmediata de los bienes de Carbone».

Los manifestantes expresaron su preocupación por la salud de Carbone y denunciaron que está sujeto a medidas de coerción que consideran ilegales.

«Es responsabilidad de la Procuraduría demostrar la independencia del sistema judicial dominicano y la representante del Ministerio Público no debe marcharse dejando este caso sin resolver», concluyó Ozuna.

Las organizaciones esperan una pronta respuesta de la Procuraduría y mantienen su compromiso de continuar las acciones hasta que se haga justicia en el caso del inversionista extranjero Antonio Carbone.