En lo que va del año, República Dominicana ha registrado 55 muertes en supuestos intercambios de disparos entre policías y sospechosos de delitos. A pesar de los esfuerzos y llamados de organizaciones de derechos humanos y sociólogos para erradicar estas prácticas, la violencia policial parece no tener fin.

La controversia sobre estos alegados enfrentamientos no es nueva. Defensores de los derechos humanos denuncian que muchas de estas muertes podrían ser ejecuciones extrajudiciales encubiertas bajo el pretexto de enfrentamientos armados. Durante los primeros trece días de junio, se contabilizaron al menos 10 fallecimientos de este tipo, la misma cifra que en mayo. En abril hubo 14 muertes, en marzo 12, en febrero 3 y en enero 6.

Comparando estas cifras con el mismo período del año pasado, se observa un aumento significativo. En 2024, el número de muertes ha superado con creces las estadísticas de 2023, cuando para mediados de junio solo habían ocurrido 25 casos, contra los 55 en 2024.

Los datos fueron recopilados de la página oficial y otros medios digitales de la propia Policía Nacional.

Mes tras mes, Diario Libre realiza un seguimiento exhaustivo de las muertes a manos de agentes del orden en el país. En el especial «Patrulla Letal» se recopilan todos estos casos.

Una práctica rechazada
El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Manuel María Mercedes, expresó que, pese a los llamados que ha realizado al presidente de la República, Luis Abinader, y a la Policía Nacional, con la intención de buscar otros métodos para erradicar la delincuencia, estos esfuerzos no han tenido resultado.

Asegura que estos casos llaman poderosamente la atención, porque no se observa un cambio en estas prácticas, por lo que siente que sus quejas van al vacío.

«Siempre vamos a rechazar, como organismos de derechos humanos, la metodología puesta en práctica por parte del Estado dominicano, representado por la Policía Nacional. No somos partidarios, ni lo seremos ahora ni nunca, de las ejecuciones extrajudiciales. Elevamos nuestra voz a los más altos niveles para detener esta práctica que se ha institucionalizado en República Dominicana y que violenta el estado de derecho, la Constitución, y los pactos y convenios internacionales», precisó.

Mercedes consideró que, en los últimos 20 años, los alegados enfrentamientos armados se han normalizado en el país y, de acuerdo con lo observado, están muy lejos de desaparecer. Aseguró que estos no son investigados a profundidad por los organismos correspondientes.

«Este tipo de situaciones, que desde el año 1998 hasta nuestros días se ha institucionalizado y ya se ha convertido en una especie de cultura en la sociedad dominicana, no se investiga a profundidad. Por el contrario, se trata de eliminar físicamente para no llegar al fondo del problema y de las causas que lo generan»
Manuel María Mercedes
Presidente de la Comisión de los Derechos Humanos

Leidy Blanco García, miembro del Consejo de Participación Ciudadana, consideró que los supuestos intercambios de disparos son, en muchas ocasiones, «ejecuciones camufladas de legalidad», las cuales generan en gran parte un alivio para la sociedad, acostumbrada a escuchar «mataron a un delincuente».

Blanco García manifestó que el Estado encuentra en estas «ejecuciones» una forma de legitimar su deficiencia en políticas públicas de seguridad ciudadana y prevención de la criminalidad.

Además, sostuvo que la seguridad ciudadana en el país es uno de los grandes desafíos y una de las principales preocupaciones para la sociedad.

Al expresar sus dudas sobre estas prácticas, el sociólogo Celedonio Jiménez entiende que gran parte de la población considera los «intercambios de disparos» es una manera de la Policía Nacional tomar la justicia en sus manos.

«Estos intercambios de disparos parten de la idea de que se debe aplicar mano dura contra los delincuentes, es decir, que a ellos hay que darles pa’ bajo. Creemos que esto equivale a retroceder hacia una sociedad regida por la ley del Talión, es decir, ojo por ojo, diente por diente», comentó.

Afirmó que los supuestos intercambios de disparos no son el camino correcto, por lo que llamó a la institución del orden a perseguir, apresar y llevar a los presuntos delincuentes ante la justicia, para que sean los jueces y tribunales quienes tomen la decisión final.

Últimas ejecuciones fueron cuestionadas

Las muertes más recientes reportadas por agentes de la Policía Nacional involucraron a dos supuestos asaltantes del Banco Popular.

Johan Eduardo Belliard Aybar, conocido como «Berberrá», de 24 años, y Richard Michel Estrella Arias, alias «El Chino», de 25, fueron abatidos por los agentes del orden mientras intentaban ser arrestados para enfrentar cargos por el asalto a esa entidad bancaria el lunes, 3 de junio.

Belliard Aybar murió en su residencia en el barrio El Hoyo, sector Herrera, Santo Domingo Oeste, mientras que Estrella Arias falleció en una cabaña en la autopista 30 de mayo, en el Distrito Nacional.

Sin embargo, la versión de «intercambio de disparos» ofrecida por la institución del orden no fue creída por las familias de estos jóvenes.

«No quiero que ensucien el nombre de mi hijo asesinado. Son ejecuciones que la Policía realiza aquí. Las autoridades ejecutan a jóvenes buenos que tal vez han cometido un error», expresó Alberto Estrella, padre de Richard, minutos antes de velar a su hijo.

En medio de su dolor, pidió a las autoridades de derechos humanos investigar estas prácticas de los agentes del orden, ya que consideran que podrían haberlos hecho responder por el hecho sin necesidad de terminar con sus vidas.

La hermana de Johan Eduardo denunció que a este le hicieron dos disparos luego que las autoridades lo tenían bajo custodia. Explicó que el joven fue sacado vivo de su residencia con dos impactos de bala en los pies, que los agentes hicieron frente a su esposa.

Madelin Belliard manifestó que vieron imágenes del cadáver en la que se aprecian otros dos impactos de bala, por lo que afirma terminaron de «rematarlo» en el camino.

Afirmó que los policías fueron quienes llevaron el arma para inculpar a su hermano de haber incidido en el enfrentamiento con ellos, argumentando que murió en medio de un enfrentamiento.
Estadísticas de homicidios enero-mayo
De acuerdo con los últimos reportes de Análisis Ejecutivos de Criminalidad de la Policía Nacional, en los primeros cinco meses del año se han registrado 497 homicidios en el país. En mayo hubo 111 casos, en abril 90, en marzo 97, en febrero 97 y en enero 102.

La institución explicó que de los 111 casos de mayo, el 45.9 % corresponde a conflictos sociales, el 21.6 % a delincuencia, el 18.9 % a acción legal y el 13.5 % está en proceso de investigación. Precisó que la riña y la acción legal son los motivos más frecuentes.

En el mes de abril, el 40.0 % corresponde a conflictos sociales, el 24.4 % a delincuencia, el 21.1 % a acción legal y el 14.4 % está en proceso de investigación.

En tal sentido, en marzo el 42.3 % corresponde a conflicto social, el 21.7 % a acción legal, el 21.6 % a delincuencia y el 14.4 % está en proceso de investigación.

Además, en el mes de febrero, el 52.6 % fue por conflicto social, el 22.7 % a delincuencia, el 16.5 % está en proceso de investigación y el 8.2 % a acción legal.

El primer mes del año, el 60.8 % ocurrieron por conflicto social, el 19.6 % a delincuencia, el 11.8 % está en proceso de investigación y el 7.8 % a acción legal.

Reporte de Estados Unidos
La Comisión Nacional de Derechos Humanos informó, según el reporte del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre las prácticas de derechos humanos en 2023 en la República Dominicana, que 75 personas fueron asesinadas de forma «arbitraria o ilegítima» entre enero y septiembre del pasado año por parte de organismos de seguridad del país.

Algunos de esos incidentes, sostiene el reporte del gobierno estadounidense, pueden ser clasificados como «abuso por parte de la policía» y otros no fueron denunciados por «falta de fe del público en el gobierno para investigar y presentar cargos o por temor a represalias por parte de la policía».

Éste informe asegura que el gobierno «no tomó medidas creíbles para identificar y castigar a los funcionarios que pudieran haber cometido abusos contra los derechos humanos». En él figuran las «cuestiones importantes de derechos humanos», con la ausencia de documentos creíbles con informaciones de homicidios ilegítimos o arbitrarios, tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes por parte del gobierno.

«Si bien la Procuraduría General de la República procesó algunos casos de abuso por parte de la policía, representantes de la sociedad civil afirmaron que muchos asesinatos y abusos no fueron denunciados debido a la falta de confianza del público en el gobierno para investigar y presentar cargos o por temor a represalias por parte de la policía», sostiene la publicación anual.

Fuente Diario Libre