El ex presidente del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), Ing. Teodoro Tejada declaró como “preocupante y peligroso” el conflicto que se ha generado entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi), por el retraso en los permisos ambientales que concede este órgano del estado a los constructores y promotores de viviendas para emprender sus proyectos.
Tejada puso en dudas que la titular de ACOPROVI de Annerys Meléndez esté mintiendo cuando afirma que los permisos de autorización de los proyectos se tardan entre seis y hasta 10 meses para salir, lo que “provoca un cuello” de botella en el sector construcción.
Agregó que de acuerdo a la denuncia de la Ing. Meléndez la lentitud con que se trabaja en el ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales genera ciertos inconvenientes, no solo por el impacto en el sector construcción de viviendas, sino también por la repercusión negativa en la competitividad, inversiones y el clima empresarial.
El también empresario de la construcción exhortó al presidente Abinader que intervenga para que esta situación se supere cuanto antes, porque los directivos de Acoprovi se han acercado a las autoridades para buscar una solución al conflicto, pero hasta ahora no han tenido una respuesta convincente.
Deploró que los obstáculos burocráticos que se colocan para obtener los permisos ambientales de los proyectos en el sector construcción de viviendas en el país, están generando preocupación entre los representantes del sector, porque retrasan el inicio de los proyectos.
Teodoro Tejada estimó que la evaluación de factibilidad de esos proyectos no debe exceder de 30 a 45 días, porque genera pérdidas a los empresarios del sector, ralentiza la generación de empleos y resta dinamismo al sector comercial, principalmente el ferretero.
La presidenta de Acoprovi aseguró que el sector construcción podría estar perdiendo cerca de RD$45,000 millones en nuevas inversiones de proyectos residenciales, por los retraso en los permisos ambientales que debe conceder el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.