Después de conocerse el fin a la Golden Visa que permitía que los extranjeros que tienen dinero consiguieran la residencia española comprando una casa, otros, tienen que esperar a medidas como la que se ha votado este martes en el Congreso. La Cámara Baja ha dado el visto bueno para que la medida de un primer paso con el fin de que medio millón de inmigrantes que llevan años en España, consigan su residencia.
El Gobierno y sus socios son muy sensibles a este asunto y creen que hay motivos de sobra para atender esta iniciativa y mejorarla en el proceso parlamentario. Aunque el compromiso parecía estar claro entre todas las formaciones, excepto Vox, la duda no se ha disipado hasta poco después de arrancar el pleno cuando tanto Junts per Catalunya, como los populares han admitido que aceptarían la admisión a trámite.
Esta iniciativa podrá cambiar la vida de miles de personas como Nelly que hace siete años llegó de Honduras, aunque su situación todavía no está regularizada: «He estado de manera irregular todos estos años porque no he encontrado un contrato», ha explicado ante los micrófonos de laSexta. Asimismo, ha confesado haber trabajado «en negro».
Durante este tiempo no es que le haya faltado trabajo, sino que se ha dedicado al cuidado de personas mayores y labores de limpieza, mientras que sus papeles continúan en trámite. Escenario que le ha llevado a ponerse «pesada con los de Extranjería» mediante cartas y peticiones de explicación sobre la documentación necesaria.
La burocracia es lenta y tediosa, lo que ha provocado que como Nelly, en España haya 470.000 personas que se encuentran totalmente invisibilizadas frente a las instituciones, sin posibilidad de acceder a servicios tan básicos como la Seguridad Social. Esta situación es la que pretende cambiar la iniciativa legislativa popular que este martes da el primer paso después de recoger 250.000 firmas de las necesarias, en concreto, 611.821.
La iniciativa, desde luego, ha estado respaldada por los progresistas. Desde el grupo socialista, su portavoz en el Congreso, Patxi López, argumentó que la pretensión es la de enfrentar «este fenómeno de la inmigración de una manera inteligente». Cuestión que respaldaban también desde Sumar. Su vocal adjunta, Aina Vidal, ha asegurado que la medida «implica reconocer que son personas humanas y trabajadores con derechos».
También el Partido Popular ha votado a favor, según adelantó horas antes de la votación su diputada Sofía Acedo Reyes. La popular, eso sí, ha aclarado que «el Gobierno no merece confianza», pero se compromete a dar «salida a esta iniciativa porque entidades como Cáritas y los ciudadano lo han pedido». No obstante y sobre el sentido de voto del PP, las dudas comenzaban a disiparse después del posicionamiento de la Conferencia Episcopal.
Y es que el arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, sostenía en una publicación compartida en su perfil de X que admitir a trámite esta iniciativa significa un «un primer paso de salud ética y democrática». Asimismo, el líder popular, Alberto Núñez Feijóo, se comprometía en la COPE a «buscar soluciones».
En la misma línea se pronunció el sector empresarial. Antonio Garamendi, presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), ha asegurado que siempre han «estado abiertos» debido a que en España hay «mucha gente y puestos [de trabajo] por cubrir». Cuestión que sostienen la cifras, puesto que se estima que la aportación media sería de 3.250 euros por persona y año. Algo que repercutirá en las arcas públicas.
En el otro extremo, se encuentra Vox, cuya diputada Rocío De Meer, ya en el pleno, ha indicado que la formación liderada por Santiago Abascal votaría en contra, tal y como han hecho sus 33 diputados. «Queremos que España siga siendo España y no Marruecos, ni Argelia, ni Nigeria, ni Senegal. Y esto no es odio ni es xenofobia, ni racismo, es puro sentido común», ha asegurado para añadir que la ILP es «efecto llamada».
¿Qué pretende esta iniciativa legislativa popular?
Esta iniciativa comenzó su andadura hace más de dos años con una gran campaña de recogida de firmas y su objetivo era el dar al Gobierno seis meses para aprobar un real decreto con el procedimiento para regularizar la situación administrativa de los extranjeros que se encuentren en territorio nacional antes del 1 de noviembre de 2021. De esta manera, se persigue la regularización extraordinaria de medio millón de migrantes.
Según sus promotores, esto acabaría con la vulneración de los derechos fundamentales de estos migrantes, que cifran en alrededor de 500.000, y las barreras que les impide contribuir económica y fiscalmente a la sociedad, además de acceder a un trabajo digno, vivienda, salud o educación.
La comisión promotora de la iniciativa la formaron la red #RegularizaciónYa, Fundación para la Ciudadanía Global, Fundación Por Causa, la Red de Entidades para el Desarrollo Solidario (REDES), Alianza para la Solidaridad y el partido Por un Mundo Más Justo. Esta propuesta ha recibido el respaldo de numerosas oenegés y asociaciones vinculadas a la inmigración y de otros sectores de la sociedad, como la Iglesia católica.
En España se han llevado a cabo seis regularizaciones extraordinarias de migrantes, según ha recordado Legalteam en declaraciones a Europa Press. Entre 1991 y 1992 se puso en marcha, con el Gobierno socialista, una regularización extraordinaria que benefició a 108.321. En 1996, con el PP mediante otro proceso de regularización extraordinaria, obtuvieron papeles 21.294 inmigrantes de los 25.128 que lo solicitaron.
