BRUSELAS, EFE . – La Unión Europea (UE) condenó este domingo la «violación» de la sede de la embajada de México en Quito durante el asalto perpetrado este viernes por la policía de Ecuador para detener al exvicepresidente Jorge Glas, y remarcó «la importancia de respetar» la Convención de Viena, que regula las relaciones diplomáticas entre los Estados.
«Cualquier vulneración de la inviolabilidad de los locales de una misión diplomática infringe la Convención de Viena y debe por tanto ser rechazada», aseguraron los Veintisiete en un comunicado firmado por el portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior (el cuerpo diplomático de la UE), Peter Stano.
La UE afirmó que proteger la integridad de las misiones diplomáticas y de su personal «es fundamental para preservar la estabilidad y el orden internacional», así como fomentar «la cooperación y la confianza entre naciones».
El jefe de la diplomacia europea y máximo responsable del SEAE, Josep Borrell, también condenó este domingo en la red social X la «violación» de la embajada mexicana en Quito durante el asalto de la policía de Ecuador, que definió como «un claro incumplimiento de la Convención de Viena», y pidió «respetar el derecho internacional diplomático».
México rompió de inmediato las relaciones diplomáticas con Ecuador, y Nicaragua hizo lo mismo este sábado, después del asalto de la policía de Ecuador a su embajada, con el objetivo de detener al expresidente ecuatoriano Jorge Glas, que estaba allí recibiendo asilo político.
El Gobierno mexicano calificó el asalto como una violación a su soberanía y al derecho internacional, y también fue condenado este sábado por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y el Departamento de Estado de los Estados Unidos, así como gobiernos latinoamericanos tanto de izquierdas como de derechas.
Lo hicieron los Gobiernos de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
Tras ser sustraído de la embajada mexicana, Glas ya ha sido trasladado en avión a la cárcel de máxima seguridad de La Roca, situada en el complejo carcelario de la ciudad de Guayaquil y reservada para los presos más peligrosos.
Sobre el exvicepresidente pesaba una orden de detención y de ingreso en prisión preventiva por el caso de la reconstrucción de la provincia costera de Manabí, la más afectada por el fuerte terremoto de 2016, donde está imputado por presunto peculado (malversación de fondos públicos).
También debía volver a prisión para terminar de cumplir una pena de ocho años de cárcel por dos condenas por cohecho y asociación ilícita tras no recibir el beneficio penitenciario de la prelibertad, después de haber aglutinado las dos sentencias y haber cumplido cerca de cinco años de cárcel, entre 2017 y 2022.
