El convenio busca sensibilizar a los servidores públicos a fin de construir actitudes básicas positivas para limitar las barreras a las que está expuesto un segmento de la población.
El Defensor del Pueblo y el Ministerio de Administración Pública (MAP) suscribieron un acuerdo interinstitucional con la finalidad de ejecutar acciones positivas que promuevan el desarrollo integral de las personas con discapacidad.
La firma, encabezada por el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa y el ministro de Administración Pública, Darío Castillo Lugo, tiene el objetivo de garantizar los derechos a ese segmento de la población para que reciban una atención de calidad al momento de acceder a los servicios públicos.
El convenio se realizó considerando las necesidades, derechos y demandas de esta población en todo el territorio nacional, priorizando la accesibilidad y diseño universal de los servicios públicos para limitar las barreras al momento de solicitar atención en una institución del Estado.
Esta iniciativa busca sensibilizar a los empleados estales y prestadores de servicios públicos sobre la discapacidad, a fin de construir actitudes básicas positivas, respeto por el usuario, y, generación de vínculos de confianza que permitan fluidez en la comunicación.
En ese orden, el acuerdo tiene la misión de incentivar la implementación de políticas y programas que aseguren la formación integral de los servidores públicos, la actualización y mejora constante de las áreas de atención al ciudadano.
El convenio establece, además, mecanismos de cooperación y diálogo para la atención y resolución de quejas, reclamaciones o denuncias relacionadas con el acceso a servicios públicos por parte de personas con discapacidad, buscando soluciones justas y equitativas para desarrollar iniciativas que impacten de manera positiva a parte de la población, entre otras acciones
Durante el acto de firma, Castillo Lugo recalcó que este acuerdo reafirma el compromiso del MAP de impulsar políticas públicas inclusivas en la Administración Pública, que garanticen el acceso a los servicios públicos a las personas que presenten algún tipo de discapacidad.
De su lado, el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, valoró el acuerdo entre ambas entidades, al tiempo de anunciar que el organismo constitucional asesorará al MAP en materia de derechos humanos. Indicó que buscan impactar de manera positiva los programas, planes, proyectos y políticas.
En ese sentido, Ulloa explicó que impartirán la oferta formativa proporcionada por el Defensor tanto para los colaboradores del MAP, como para las instituciones bajo su rectoría. Además de la participación conjunta en eventos institucionales.
«Buscamos impulsar transformaciones que van más allá del simple hecho de tener una persona para llenar una cuota, porque la dignidad humana va más allá», expresó el Defensor.
Agregó que desde la institución que dirige han realizado innovaciones para lograr la equidad entre los servidores, como parte de los esfuerzos de una gestión de la administración pública moderna.
En el acto también estuvieron presentes la directora ejecutiva del Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS), Claudia María Pimentel; la primera adjunta del Defensor del Pueblo, Ana Martich; segundo adjunto Darío Antonio Nin; la directora ejecutiva, Ana de Peña; director de la Oficina de Oportunidades, Julián Valdés, y Mabel Joa, directora de Comunicaciones del MAP.
