-Defensa de acusado extendió recusación a jueces del pleno de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.

-Hasta que la SCJ decida sobre la acción el expediente estará estancado.

El caso de corrupción denominado Operación Medusa continúa estancado por segunda semana por una recusación que un abogado interpuso contra el juez Amauri Martínez y a los miembros del pleno de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, acción que llegó ayer, martes, a la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

No solo el juicio preliminar está detenido, también cualquier proceso relacionado al expediente, hasta tanto la SCJ decida sobre la recusación a Martínez y a los magistrados de la Corte.

El juicio preliminar se conoce los martes y viernes, por lo que ayer y la pasada semana no fue posible que se desarrollaran audiencias.

Para ayer estaba pautado conocerse la revisión a la prisión domiciliaria y al uso de grillete que pesan sobren el exprocurador Jean Alain Rodríguez, la cual deberá ser prorrogada para otra fecha.

El abogado Bécker Dukaski Payano, representante del acusado Félix Antonio Rosario, fue quien recusó esta vez al magistrado Martínez, quien también había sido acusado a mediados de año por supuesta parcialidad por otra defensa, y a la que el Ministerio Público calificó de «temeraria» y de «chantaje procesal».

Rosario era encargado de la Oficina de Acceso a la Información y miembro del comité de compras de la Procuraduría General en la gestión de Jean Alain Rodríguez.

En mayo, la recusación fue interpuesta por el representante del exsubdirector administrativo del Ministerio Público Alfredo Alexander Solano Augusto, otro de los involucrados en la fraude contra el Estado en la gestión del exprocurador general de la República.

Dos años y seis meses en los tribunales

El pasado 1 de diciembre el Ministerio Público concluyó la lectura de las 12,274 páginas que contiene la acusación contra Jean Alain y a las demás 40 personas físicas y 22 razones sociales imputadas en Operación Medusa, después de casi seis meses de veloz lectura, que a veces se tornaban ininteligible y en las que algunos de los presentes se dormían.

Se recuerda que la premura por avanzar, luego que el juez Martínez rechazara que se leyera de manera sucinta el expediente, obedeció a la advertencia de la directora de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, quien argumentó que si se vencía el plazo y se declaraba la extinción de la acción penal en el caso de corrupción «no será atribuible al órgano acusador»

Operación Medusa lleva en los tribunales dos años y seis meses.

La Ley 10-15 que modifica el Código Procesal Penal establece sobre el plazo de los procesos penales que la «duración máxima de todo proceso es de cuatro años, contados a partir de los primeros actos del procedimiento, establecidos en los artículos 226 y 287 del presente código, correspondientes a las solicitudes de medidas de coerción y los anticipos de pruebas.

Este plazo sólo se puede extender por doce meses en caso de sentencia condenatoria, a los fines de permitir la tramitación de los recursos».