La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) confirmó las irregularidades detectadas en la licitación y adjudicación del contrato para la instalación de la red semafórica del Gran Santo Domingo, en una tercera investigación.
En la resolución RIC-169-2023, el órgano rector, además de confirmar todas las irregularidades detectadas en las decisiones anteriores, comprobó que el contrato suscrito entre el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y Transcore Latam, S.R.L. adicionó servicios no contemplados en el pliego de condiciones, lo que constituye una contratación directa dentro del referido contrato, en violación a los artículos 16 y 20 de la Ley 340-06 de Contrataciones Públicas y los principios de debido proceso y juridicidad.
Los resultados fueron remitidos a varias instituciones del Estado para que en el marco de sus competencias realicen las investigaciones pertinentes respecto de los hallazgos relacionados con emisión de facturas y sus comprobantes fiscales, emisión de línea de crédito aparentemente regular, conflicto de interés, comportamiento ético de los servidores públicos, prácticas anticompetitivas, entre otras cuestiones que puedan desprenderse de la investigación realizada.
Una investigación pendiente
A la Contraloría General de la República y su Unidad Antifraude; Cámara de Cuentas de la República Dominicana; a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Procompetencia); Dirección General de Impuestos Internos (DGII); Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC); Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepeca); Ministerio de la Presidencia; Unidad de Análisis Financiero (UAF); y Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig), se les notificó la resolución.
Mediante una nota de prensa, la DGCP también anunció que en la próxima semana dará a conocer la última resolución en torno al caso, en la cual establecerá el proceso sancionador que aplica contra la empresa adjudicataria.
En las pesquisas iniciadas a raíz de una solicitud de las razones sociales Icontrolt, S.R.L. y Kapsch Trafficcom Dominican Republic, S.R.L. contra el procedimiento de licitación pública del Intrant, se evidenció que se violó el artículo 3 del Decreto 15-17, sobre el debido proceso en la emisión de certificado de apropiación presupuestaria, debido a que fue utilizado un documento emitido por el director administrativo y financiero del Intrant y no el generado por el Sistema de Información de la Gestión Financiera (Sigef).
