Alfons LUNA
Pedro Sánchez recibirá este jueves, salvo sorpresa mayúscula, la confianza de los diputados españoles para seguir al frente de un país profundamente dividido por su decisión de conceder una ley de amnistía a los independentistas catalanes a cambio de su apoyo.
En el poder desde 2018, el socialista tiene garantizados los votos de 179 diputados en una votación prevista para este jueves a última hora, una cifra superior a la mayoría absoluta fijada en 176.
Una vez investido por los diputados, Sánchez podrá formar un nuevo Gobierno en los próximos días con sus aliados de la coalición de extrema izquierda Sumar, poniendo fin a casi cuatro meses de bloqueo desde las elecciones legislativas del 23 de julio.
El presidente del Gobierno quedó segundo en esos comicios, por detrás de su rival conservador Alberto Núñez Feijóo, y en las últimas semanas ha tenido que negociar por doquier para sellar acuerdos con varios grupos regionalistas, cuyo apoyo está resultando crucial a falta de una mayoría clara en el Parlamento.
En concreto, ha tenido que mantener conversaciones con el partido del líder independentista catalán Carles Puigdemont, que vive en Bélgica desde hace seis años para eludir su procesamiento por liderar el intento de secesión de Cataluña en 2017.
Aceptando, tras intensas negociaciones, apoyar la reelección de Sánchez, Puigdemont obtuvo de los socialistas el compromiso de la próxima aprobación de una ley de amnistía para cientos de independentistas procesados, que debería permitirle regresar a España.
- «Cerrar heridas» –
Al exponer el miércoles ante los diputados las prioridades de su nueva legislatura, Pedro Sánchez defendió la necesidad y constitucionalidad de esta medida, a la que se había opuesto en el pasado.
Esta amnistía es necesaria para «cerrar las heridas» abiertas por la crisis de 2017, afirmó el presidente del Gobierno, asegurando que quiere garantizar «la unidad de España por la vía del diálogo y del perdón».
El Partido Popular de Feijóo acusa al Partido Socialista de haber concedido el proyecto de ley con el único objetivo de mantenerse en el poder a toda costa, y advierte de que España podría acabar en el punto de mira de la UE, como Hungría y Polonia, por el ataque al Estado de Derecho que constituye el proyecto.
Rechazada por la mayoría de los españoles, según varios sondeos de opinión, esta amnistía llevó el domingo a cientos de miles de personas a salir a la calle en respuesta a una convocatoria del PP.
Para el sábado está prevista en Madrid una nueva manifestación, en la que participarán dirigentes del PP y del partido ultraderechista Vox.
«La amnistía no mejorará la convivencia», respondió en el debate parlamentario del miércoles Feijóo.
Las concentraciones diarias de la extrema derecha ante la sede del Partido Socialista en Madrid, que se producen desde la semana pasada, derivaron regularmente en disturbios. El miércoles por la noche, 15 personas más fueron detenidas por alterar el orden público y enfrentarse a la policía, según la Delegación del Gobierno en Madrid.
Como consecuencia de estas tensiones, más de 1.600 policías se desplegaron de nuevo el jueves en torno al Congreso de los Diputados, completamente acordonado desde el miércoles por las fuerzas del orden. Es el dispositivo equivalente a un partido de fútbol de alto riesgo.
En este contexto, Sánchez pidió el miércoles a la oposición que sea «responsable» y no aproveche la situación para crear tensión en las calles.
Signo de que la mayoría parlamentaria heterogénea que rodea al líder socialista se perfila como inestable, Mertxe Aizpurua, la portavoz de Bildu, advirtió que el apoyo de su formación, considerada heredera de la vitrina política de la organización separatista vasca ETA, no es «un cheque en blanco».
Feijóo ahondó en esta perspectiva y dijo este jueves que, «lamentablemente, vamos a tener un gobierno que se va a prorrogar mes a mes y quien va a mandar en el Gobierno de España no es el presidente del Gobierno».
