Representantes del Ministerio Público, los querellantes civiles y la propia barra de defensa del exfuncionario salieron a expresar sus pareceres particulares sobre lo ocurrido.
Luego de que la jueza Ana Lee Florimón, del Segundo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, varió la medida de coerción al exministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, de prisión preventiva por garantía economía de 4.5 millines de pesos, impedimento de salida y presentación periódica, las reacciones a las afueras de las sala de audiencia no se hicieron esperar.
Representantes del Ministerio Público, los querellantes civiles y la propia barra de defensa del exfuncionario salieron a expresar sus pareceres particulares sobre lo ocurrido.
LA DEFENSA DE JOSÉ RAMÓN
Pedro Balbuena, parte de la defensa de Peralta, señaló que aunque la variación de medida de coerción «era necesaria» entienden que la misma es «insuficiente» y seguirán trabajando para el «cierre definitivo» del caso.
«Esta medida que es la correcta, entendemos a raíz de la circunstancias, debió de ser dictada hace mucho tiempo, hace mucho tiempo que José Ramón Peralta debió de estar en libertad, no debimos de haber llegado hasta aquí, siete meses después, con una persona que no representa peligro de fuga…y que además las evidencias que existen no sirven ni para siquiera promover su caso penal», señaló Balbuena.
Emery Rodríguez, también de la defensa de Peralta, añadió que será a partir de tempranas horas de la mañana del miércoles en qué se presentarán a la secretaria del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva para obtener el dispositivo y tramitar la salida de Peralta del Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo-Hombres.
EL MINISTERIO PÚBLICO
El representante del Ministerio Público, Arolin Lemoz, señaló que la presentación de las autoridades sobre que Peralta, fuera de la cárcel podría propiciar el ocultamiento de pruebas en su contra, se siguen manteniendo aunque la jueza haya tomado la decisión de variar la medida de coerción o no.
«El Ministerio Público va a mantener sus principios de imputación contra José Ramón Peralta y los demás imputados de este caso. Entendemos que el Ministerio Público está haciendo el trabajo que debe, ya es parte del Poder Judicial hacer el que le corresponde» expresó Lemoz, quien aunque no comentó sobre si apelarian la decisión del tribunal o no, indicó que las autoridades están «comprometidas» a presentar una acusación «fuerte».
LOS QUERELLANTES CIVILES
Martín Rubiera, miembro de la defensa de la familia Mota, quienes fungen como los querellantes civiles del proceso, manifestó que tras esa decisión, el sistema de justicia dominicano debe ser revisado ya que «de 18 meses de prisión preventiva, se pasó a una fianza».
«O está mal el Código (Penal), o está mal el Ministerio Público o están mal los jueces porque es imposible que un juez imponga como medida de coerción 18 meses y que de repente varíe a una fianza; cuál es el mensaje, cuál sería la cantidad y calidad de los presupuestos nuevos que serían prudentes y lógicos para realizar una variación tal», explicó Rubiera.
EL CASO CALAMAR
Peralta es acusado junto a otros imputados de utilizar al menos 11 instituciones con las que gestionaba las expropiaciones irregulares de terrenos, el cobro ilegal a bancas de lotería, deportivas y negocios con máquinas tragamonedas, así como la compra de inmuebles con sobrecosto.
Según los fiscales, desde el Ministerio de Hacienda, Bienes Nacionales, la Tesorería Nacional, la Dirección de Presupuesto y las demás instituciones del sector, los imputados diligenciaban y gestionaban el pago de deudas públicas por expropiación irregular de terrenos.
En este expediente, el órgano acusador también imputa al exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo; al exministro de Hacienda, Donald Guerrero; al abogado Ángel Lockward, y al exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo.
Asimismo, a Roberto Santiago Moquete Ortiz, a Aldo Antonio Gerbasi Fernández, exfuncionario de la Dirección de Reconocimiento de Deuda Pública de Hacienda; al exencargado de Juegos de Azar de Hacienda, Julián Omar Fernández Figueroa, y al exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña.
También, a Alejandro Constanzo Sosa, Marcial Reyes, los hermanos Ana Linda y Emir José Fernández de Paola, Óscar Chalas Guerrero, Agustín Mejía y Víctor Matías Encarnación.
