La Federación Dominicana de Municipios (Fedomu) advierte y rechaza categóricamente cualquier proyecto de ley que entre en contradicción con el artículo 204 de la Constitución de la República sobre la transferencia de competencias y recursos a los gobiernos locales desde el Estado, así como del decreto 734-22, dictado por el presidente Luis Abinader, que crea el Gabinete de Descentralización.

Se recuerda que el citado decreto tiene por objeto transferir competencias y recursos de la administración central a las administraciones locales.

En ese sentido, la entidad asociativa señaló una posible inconstitucionalidad en caso de ser aprobado en la forma que se ha presentado un proyecto de ley que ordena la creación de una Dirección General de los Bomberos, bajo la dependencia del Ministerio de Interior y Policía.

Esa propuesta se trata de un ejercicio de recentralización que desconoce la competencia propia de los ayuntamientos establecida en el artículo 19 literal c de la ley 176-07, el cual expresa que “son competencias propias de los ayuntamientos la prevención, extinción de incendios y financiación de las estaciones de bomberos”, así como el artículo 175 de la misma ley y el decreto 316-06, que dejan explícitamente establecido que los cuerpos de bomberos son dependientes de los ayuntamientos.

Por lo que Fedomu, como entidad interlocutora política de los gobiernos locales, que tiene dentro de su misión la defensoría de la autonomía de los municipios, entiende que cualquier iniciativa legislativa debe preservar el enfoque inicial que han tenido.

En ese sentido, “apostamos a la dignificación y fortalecimiento del rol de los bomberos, así como a la eficientización de sus servicios de atención a emergencias, ya que son entes de relevancia mayor para la seguridad ciudadana, desde el gobierno más cercano a las personas, el gobierno local”.

Igual sucede con el proyecto de ley que busca crear la Dirección General de Cementerios, otro esfuerzo que desconoce las competencias propias de los ayuntamientos, en este caso específico, las abrogadas mediante el artículo 20 de la ley 176-07, que se refiere a la prestación de servicios municipales.

Esta propuesta, que además busca extraer los fondos para el funcionamiento de esta dirección de los recursos de los ayuntamientos, crea más organismos adscritos a la Presidencia de la República, en vez de ser una iniciativa que transfiera competencias y recursos hacia los ayuntamientos, como propone el decreto 734-22, que busca la implementación del artículo 204 de la constitución.