El periodista Luis Céspedes Peña calificó como un fracaso el proceso de investigación que realiza la Fiscalía de Tamboril, para tratar de encontrar al culpable de la muerte de su hijo, Luis Norberto Céspedes Vega, ocurrida el 2 de Noviembre del 2022, atropellado por un camión registrado por una cámara de seguridad, como propiedad de la empresa Hormigones Romano, de Santiago.
El ex vicepresidente del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), se quejó de que el fiscal Manuel Güichardo no incluya a la Policía Nacional en la investigación, la cual podría hacer importantes aportes para aclarar lo que ya se considera como un homicidio, debido a que el conductor sigue huyendo.
Con su apresamiento se podría determinar si el hecho fue intencional o accidental.
Céspedes Peña manifestó que una buena investigación descubre rápidamente el hecho, debido a que la empresa Hormigones Romano tiene siete camiones mezcladores de cemento, con cabezotes verdes, similares al que provocó el hecho, según lo declaró en la Fiscalía el propietario de la misma, ingeniero civil Luis A. Romano.
En su testimonio a la Fiscalía de Tamboril, el ingeniero Romano dijo que “el que podría tener conocimiento de qué camión estuvo en Tamboril el día del hecho, es el encargado de viajes, porque él no tenía ninguna información de ese caso, hasta que fue citado por el fiscal”.
El fiscal interrogó al encargado de Producción, que no tiene ninguna relación con los viajes para la distribución de materiales.
“No sabemos si fue la persona que mandó la empresa o la citación fue errada de parte del fiscal”, añadió el denunciante. Descartó que el fiscal tenga algún interés en no aclarar el hecho, sino un incorrecto procedimiento en la investigación, “de la cual nosotros ya hicimos la mayor parte”.
Agregó que la empresa ya debió haberle entregado su conductor a la Justicia, porque se está comprometiendo indirectamente en un hecho que arrastra la complicidad por ocultamiento de una evidencia judicial, daños y perjuicios, fuera de lo que es el seguro del vehículo.
“Creo que Hormigones Romano, una empresa de tanto prestigio comercial, debe hacer entrega de ese chofer, porque en la medida de avance la investigación, porque eso va a ocurrir así, aunque hoy sea un fracaso, la empresa podría salir muy perjudicada”, advirtió Céspedes Peña.
Sobre el camión, dijo que hay un vídeo y fotografías independientes tomadas el día del hecho.
El padre de Luis Norberto Céspedes Vega, indicó que a los siete conductores de esos camiones, hay que sumarle a la investigación el dueño o administrador de Repuestos Nacho, donde sucedió el caso en su interior, cuyo frente es abierto en la misma acera de la Avenida José Rafael Abinader (antigua Calle Real), y el responsable de distribución de viajes de Hormigones Romano.
“Entre los siete choferes, el dueño o representante de Repuestos Nacho y el que controla los vehículos en el transporte de materiales de Hormigones Romano, una cantidad de nueve personas, sale la información del responsable del homicidio de mi hijo, pero no sabemos qué ocurre con la investigación del fiscal, que consideramos es un funcionario honesto, pero que evidencia fallas en la indagatoria”, manifestó el denunciante.
Observó que ciertamente el magistrado tiene problemas de salud, incluso una intervención quirúrgica, pero entiende que si esa situación le prohíbe hacer un buen trabajo, debe solicitarle al fiscal general de Santiago, Osvaldo Bonilla, la designación de otro para que siga con el proceso.
Explicó que según lo informó el fiscal Güichardo, entre las personas que él interrogó no encontró culpabilidad.
“No sabemos si el fiscal interrogó a los involucrados directamente en el problema, aunque sí conocemos que dos de los choferes que la semana pasada él cuestionó, no tienen ningún vínculo con el hecho, porque son conductores de camiones volteos, y el implicado en la muerte es uno de los llamados trombos”, precisó Céspedes Peña.
Informó que se está a la espera de del resultado de una petición que le hicieron al Presidente Luis Abinader, los dos principales líderes del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), Aurelio Henríquez, y Olivo De León, del Instituto de Previsión y Protección del Periodista (IPPP), para que el jefe de Estado ordene la constitución de una comisión que se encargue con la investigación.
Declaró que su versión de que la investigación es un fracaso, se basa en que el fiscal le dijo que entre los interrogados no encontró al culpable.
