El Ministerio Público interpuso un recurso de apelación contra el auto de no ha lugar dictado por exjuez.
Los jueces de la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional se reservaron para el 20 de noviembre a las 12:00 del mediodía la lectura del fallo del recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público contra el auto de no ha lugar dictado por el exjuez Juan Francisco Rodríguez Consoró, del Sexto Juzgado de la Instrucción a favor de Leoncio Almánzar, exdirector de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde) y otros 16 acusados de la venta ilegal del sector Los Tres Brazos.
El órgano acusador, representado por los procuradores fiscales José Miguel Marmolejos, Rosa Pichardo, Aurelio Valdez y Wagner Cubilete, presentó el recurso que comenzó a conocerse en el tribunal de alzada a finales del pasado mes de julio.
Fiscales adscritos a la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) establecieron que los involucrados en la trama enajenaban propiedades del Estado dominicano y conminaban a los moradores del popular sector de Santo Domingo Este a comprar los predios en los que llevaban décadas viviendo.
Con relación a la decisión emitida por el Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito, el Ministerio Público la calificó como «completamente divorciada» del Derecho, que no se corresponde con la acusación formulada ni con las pruebas presentadas ante el tribunal.
Los implicados en el caso de venta de Los Tres Brazos
Además de Leoncio Almánzar, en este caso fueron acusados Manuel Aybar Ferrando, exgerente inmobiliario de esa entidad; Irving José Cruz Crespo, ex consultor jurídico, y Rosabel Castillo Rolffot, exregistradora de Títulos del Distrito Nacional.
Igualmente, Juana Inés Gómez Williams, representante de la sociedad Proyecciones Gowi S.R.L.; Domingo Gerardo Lebrón de los Santos, presidente de Inversiones Fernández Parache y Asociados (Infepa), S.R.L., junto a los empleados de esa empresa Carlos Aris Gómez Williams y Julio César Gómez Williams.
También, José Enrique de Pool Dominici, principal accionista y representante de la entidad inmobiliaria Titulatec; los agrimensores Ana Antonia Ozuna Nolasco y Hadonis Ruiz Mella, así como Lisetel González, quien prestó su nombre en condición de conviviente del imputado Manuel Aybar, para recibir dos apartamentos destinados a beneficiar al exgerente inmobiliario de Corde.
El Ministerio Público, además, acusó a las sociedades comerciales Proyecciones Inmobiliarias Gowi S.R.L. (Proyinsa), Soluciones Electrónicas Sidenet S.R.L., Infepa, Titulatec S.R.L y Teknowlogic Dominicana S.R.L.
