Tras el permiso otorgado por la Corte de Apelación del Distrito Nacional al imputado Jean Alain Rodríguez para que trabaje dos días a la semana, mientras guarda medida de coerción de prisión domiciliaria, el Ministerio Público consideró que «existe privilegio a favor de imputados de los grandes procesos».
La Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional emitió un permiso de dos días en horario de 8:00 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde al exprocurador Rodríguez, principal acusado de la Operación Medusa, acogiendo en forma parcial, el recurso interpuesto por su defensa.
«En la tarde de hoy, como hemos visto, el tribunal acogió parcialmente el pedimento de la defensa de Jean Alain Rodríguez, atribuyendo rango constitucional a lo que efectivamente es el derecho al trabajo; sin embargo, para el Ministerio Público surge la pregunta: ¿entonces, si todos los ciudadanos son iguales ante la ley, esto querría decir que todos los ciudadanos que también están sometidos a un proceso judicial, deberían tener los mismos derechos?», cuestionó la procuradora de Corte, Mirna Ortiz.
De acuerdo al documento de prensa, la representante del Ministerio Público añadió: «Aunque somos respetuosos de las decisiones de los tribunales, este derecho no se tutela de igual forma para otros imputados, así es que seguimos viendo los privilegios a los que son sometidos estos imputados cuando se trata de estos grandes procesos, y nos pareciera que el derecho entonces no se aplica igual a todos los ciudadanos. Somos respetuosos de las decisiones de los tribunales y ya analizaremos los próximos pasos».
Miércoles y jueves
El juez presidente de sala, Luis Jiménez, resaltó que la autorización debe ser los días miércoles y jueves y que sólo se le permitirá ir a su oficina privada de abogados. La finalidad es que pueda generar recursos para mantener a su familia.
Además de Jiménez, el tribunal estuvo compuesto por Rosalba Garib y Delio Germán.
Junto a Ortiz, también representaron al Ministerio Público el procurador adjunto titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, y el fiscal litigante Emmanuel Ramírez.
En el expediente del caso Medusa, el Ministerio Público acusa a 41 personas físicas y 22 empresas de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado. También, por sobornos, crímenes y delitos de alta tecnología y lavado de activos por valor de RD$6,000 millones de pesos.
Además del exprocurador general de la República, en el expediente de más de 12 mil páginas, el órgano persecutor acusa en este entramado de corrupción a Alfredo Alexander Solano, exsubdirector administrativo del Ministerio Público; a Javier Alejandro Forteza Ibarra, exdirector de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio Público, y a Jonathan Joel Rodríguez Imbert, exdirector administrativo.
Asimismo, a Jenny Marte Peña, exencargada de Proyectos; a la exsubdirectora administrativa, Altagracia Guillén Calzado, así como a Rafael Antonio Mercedes Marte, exdirector de Contabilidad, y al exasesor Miguel José Moya.
En atención al pedimento del Ministerio Público, el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ratificó en mayo pasado la prisión domiciliaria y el uso de grillete electrónico impuestos como medidas de coerción a Jean Alain Rodríguez. Con el recurso conocido este jueves, sus abogados defensores pretendían que el tribunal de alzada le variara dichas medidas.
Rodríguez Sánchez también cumplió prisión preventiva por 18 meses en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en San Cristóbal.
