El expresidente boliviano y el actual titular de la cartera de Justicia, Iván Lima, protagonizan una creciente polémica basada en acusaciones mutuas.
El Movimiento al Socialismo – Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS–IPSP), principal partido de Gobierno en Bolivia, expresó su rechazo e indignación a las recientes declaraciones del actual ministro de Justicia, Iván Lima, tras anunciar que pretende judicializar al exmandatario Evo Morales, por supuestas «mentiras» y «calumnias» que ha dicho en su contra.
Gerardo García, vicepresidente del MAS —partido que llevó a Luis Arce a la Presidencia de Bolivia en las elecciones de 2020— se refirió este miércoles, en una rueda de prensa, a la situación actual entre el partido y el Gobierno, cuando le preguntaron si ya existe «una ruptura oficial definitiva» o «inminente» entre ambas partes.
«¿Cuándo se sella una ruptura oficial definitiva? ¿O ya hay una ruptura inminente?», preguntó una periodista y García respondió: «Con esto que está amenazando, [sobre] procesar, meter preso e inhabilitar a nuestro hermano Evo, aquí se rompió todo».
El vicepresidente del MAS agregó que desde el partido tenían «la esperanza» de poder sentarse a «dialogar, debatir, discutir» y ver cómo superaban las diferencias con el Gobierno de Arce, pero ahora, tras la postura del titular de Justicia, tienen claro que son como «agua y aceite».
La compleja situación que pone en bandos distintos al MAS y al Gobierno de Arce se ha radicalizado durante los últimos días, a raíz de la creciente polémica política que protagonizan el expresidente Morales y el ministro de Justicia, con acusaciones mutuas que han trasladado incluso a redes sociales y que podría trasladarse al plano judicial.
¿A qué se debe la controversia?
El pasado fin de semana, Morales informó que había recibido varias denuncias sobre un bufete de abogados que sería del ministro Lima y estaría manejado por su hermano, que «defiende o asesora» a una empresa privada que demanda al Estado boliviano por 35 millones de dólares.
El bufete al que hace referencia Morales sería ‘Lima y Asociados’, que de ganar la querella contra el Estado, podría recibir un porcentaje de la demanda, equivalente a unos 10 millones de dólares, de acuerdo con el expresidente.
Además, Morales señaló que «la imagen de la justicia» actual en Bolivia «es una de las peores», porque a su parecer «los jueces buenos son marginados por la rosca corrupta que maneja la Justicia boliviana», se niegan a reformar el sistema judicial, justifican el golpe de Estado de 2019 en su contra, liberan «de culpa a corruptos sentenciados», y sabotean «la elección de magistrados para prolongar su mandato a cambio de inhabilitarnos y defenestrar el Estatuto Orgánico del MAS-IPSP».
Ante esto, el ministro Lima afirmó a la prensa boliviana que desde hace dos años y medio no tiene relación laboral con el mencionado bufete y que no piensa volver. Además, indicó que no le va a permitir al expresidente que «que siga insinuando o diciendo mentiras», por lo que le advirtió que debía comenzar «a buscar un buen abogado», porque tendría «que contestar ante la Justicia sus acusaciones».
«Las mentiras de Evo Morales van a tener que demostrarlas ante un juez (…); son mentira, son un exceso, son calumnias, son delitos que va a tener que responder ante los tribunales de justicia porque esto ha excedido todo límite», expresó Lima.
La última mención del ministro de Justicia sobre Morales, la hizo el martes en la red social X, donde comentó que el proceso que pretende iniciar contra el exmandatario será tramitado ante el sistema judicial y que no «es prudente» referirse al caso, por lo que «informará oportunamente los avances» que se den. Además, comentó que él debía dedicarse a atender las «políticas públicas» y «no a una pelea desproporcionada que no soluciona en nada la vida de los bolivianos».
«Decisión política del gobierno para inhabilitarnos»
Este miércoles, el expresidente Morales continuó la polémica al responder al ministro Lima y su intención de judicializarlo, hecho que calificó como un intento de inhabilitación política.
«El juicio que anunciaron el ministro de Justicia y voceros oficialistas es la confirmación de la decisión política del gobierno para inhabilitarnos con una maniobra judicial».
El exmandatario agregó que la medida «es un acto de guerra sucia del divisionismo» que demuestra «la traición y el oportunismo que forma parte del plan de destrucción del MAS-IPSP». «Además de encarcelar a la dirigencia, se proponen defenestrar nuestro Estatuto Orgánico y sabotear el Congreso Ordinario de Lauca Ñ», señaló.
Morales indicó que con los señalamientos en su contra también se «desenmascaran los aliados del golpismo y enemigos del MAS-IPSP». El expresidente también criticó a la Justicia de su país porque no ha avanzado en el juicio por las masacres de Senkata y Sacaba, ocurridas durante el régimen de facto de Jeanine Áñez.
«Exministros y derechistas golpistas siguen libres e impunes como el narcotraficante (Sebastián) Marset. Pero cuando un dirigente indígena denuncia corrupción en defensa del Estado, el ministro conocido por anticipar sentencias del Tribunal Constitucional rápidamente arma un juicio con condena anunciada», cuestionó Morales.
El expresidente comentó que Lima lo estaría acusando «falsamente de no respetar la Constitución» y habría ofrecido a cambio de enjuiciarlo, prorrogar los mandatos de los magistrados. En ese sentido, llamó al pueblo a juzgar la situación y dijo que los ataques en su contra son «por denunciar la corrupción y la protección al narcotráfico».
«Como nos enseñaron nuestros antepasados y hermanos de los movimientos sociales que lucharon contra el colonialismo y el neoliberalismo, nos defenderemos con la verdad, la honestidad y la dignidad. La lucha sigue hermanas y hermanos. Solo el pueblo cuida al pueblo. Leales siempre, traidores nunca», agregó Morales.
Fuente RT
