De los 12 imputados en la red que supuestamente se dedicaba a borrar fichas penales a imputados y condenados y que fue desmantelada a través de la Operación Gavilán, siete de ellos admitieron los hechos, de acuerdo al Ministerio Público.
Diez de los acusados trabajaban en la propia Procuraduría General de la República y uno en la Policía Nacional. Otro era exmiembro de la uniformada.
Entre los imputados de cometer los ilícitos hay siete fiscales, según el MP.
Los siete que admitieron su participación en los hechos ilícitos decidieron «colaborar» con la investigación que efectúa el órgano acusador, pero hasta el momento no ha revelado sus nombres. A cambio, el Ministerio Público pidió, en la solicitud de medida de coerción, prisión domiciliaria, impedimento de salida del país y presentación periódica. Para los demás imputados, solicitó 18 meses de prisión y que el caso sea declarado complejo.
La medida de coerción está siendo conocida la tarde de este miércoles en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional.
«Esperamos la prisión preventiva para los cabecillas principales, que fue lo que el Ministerio Público solicitó en contra de cinco de los imputados, porque la mayoría y todos los demás, ya admitieron los hechos», dijo la fiscal Sourelly Jáquez, en declaraciones compartidas
Los imputados están acusados de haber borrado y alterado registros de antecedentes penales a 16,958 personas, desmantelada la pasada semana con la Operación Gavilán.
