El presidente del Colegio de Abogados, Miguel Surun y el comerciante Manuel García Mejía sometieron a la justicia al viceministro de Infraestructura Vial del Ministerio de Obras Publicas, Elías Santana y al dirigente del PRM, Rafael Guzmán Méndez, gerente de la constructora Cogusa SRL; acusados de complicidad en las irregularidades de contratación del proyecto de ampliación de la Autopista de San Isidro.
En este proceso de sometimiento de los nuevos involucrados en este caso fue interpuesto ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) están siendo procesados el ministro de Obras Públicas, Deligne Ascensión Burgos y dicha constructora.
Los acusados de estafa, asociación de malhechores, prevaricación, coalición de funcionarios, abuso de poder, usurpación de funciones, violación a la Ley de Compras y Contrataciones Públicas y sobrevaluación de la obra por más de 600 millones de pesos, algunas de dichas infracciones sancionadas por los artículos 114, 123, 126, 127 y 185 del Código Penal.
Surun Hernández y García Mejía calificaron como escandaloso que el Ministerio de Obras Públicas haya admitido públicamente que la ampliación de la autopista de San Isidro fue asignada a la Constructora Cogusa, S.R.L, sin licitación, en violación a las leyes de Compras y Contrataciones antigua 105-67 y actual al 340-06, alegando que se trata de una adenda a un contrato del 2001, que data de 22 años atrás, regido por la anterior Ley.
“ Sin embargo confirmamos que el párrafo del artículo 18 de la Ley de Compras y Contrataciones antigua la 105 del año 1967, por la que se rige dicho contrato, prohíbe de manera expresa la sesión de cualquier tipo de contrato para obras viales y la Ley de Compras y Contrataciones actual de la Ley 340-06 tampoco permite la cesión de más del 50% de ninguna obra sin la realización de una proceso de compra, por lo han cometido una franca violación a las legislaciones antiguas y vigentes”, expresaron el jurista y el empresario.
Surun Hernández, agregó que otra mentira del Ministerio de Obras Públicas fue declarar que las modificaciones de la obra fueron aprobadas por asambleas populares lo que ha sido desmentido por los dirigentes comunitarios, empresarios y por el mismo Ayuntamiento de Santo Domingo Este quien ha dicho que no ha autorizado la construcción de dicha obra.
Solicitaron a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) profundizar las investigaciones sobre este caso y a la Contraloría General de la República y a la Dirección de Compras y Contrataciones a ordenar la suspensión inmediata de los desembolsos de recursos para dicha obra, ya que la misma fue iniciada violando las leyes y procedimientos existentes.
