MI SENTIR
Por Balbueno Medina
Desde su fundación, la República Dominicana ha sido víctima de funcionarios corruptos que se han enriquecido en perjuicio de las grandes mayorías nacionales y lo más penoso ha sido que la mayoría de ellos no han pagado en las cárceles del país por los daños cometidos.
La impunidad que de antaño se ha prohijado desde las altas esferas del poder, por omisión o comisión, ha sido lo que ha dado pie a que los actos de corrupción se hayan asumido como algo normal en el desempeño de las funciones públicas.
Cada funcionario que es nombrado en puesto ejecutivo de la Administración Pública lo primero que busca es la forma de rodearse de personas de confianza que manejen las áreas administrativas y financieras con el propósito de tener el control de los recursos materiales de que dispone la institución.
Desde ese punto de vista, se inicia el proceso que al final de la gestión de ciertos funcionarios termina con el descubrimiento de los actos de corrupción que hemos estado viendo acontecer en nuestro país, porque en vez de buscar servidores capaces y honestos que les ayuden a realizar una función en beneficio de las instituciones que representan y el Estado dominicano, buscan adeptos que les sirvan a sus intereses particulares de enriquecimientos ilícitos.
De ahí, es que cobra especial importancia que la Administración Pública de nuestro país cuente con un Ministerio de Administración Pública y una Comisión de Ética e Integridad Gubernamental, que funcionen con equidad y justicia a toda capacidad para prevenir y evitar que se sigan produciendo los actos de corrupción que han sumido en la más calamitosa pobreza a millones de dominicanos y dominicanas que necesitan la mano amiga del gobierno para poder sobrevivir.
Para lograr eso, necesitamos de voluntad política y la firme decisión de que desde las altas esferas del poder se pretenda erradicar esa vieja práctica que tanto daño ha hecho a la sociedad dominicana, donde la impunidad no prevalezca por conveniencia política o amiguismo y creemos que el presidente Luis Abinader como primer ejecutivo de la nación está seguro de que solo así podremos rescatar el país de los políticos corruptos que aspiran a llegar al Estado para servirse de los recursos públicos.
Las ambiciones desmedidas con que estos depredadores del patrimonio público manejan los recursos de las instituciones del Estado, no se refieren a cifras insignificantes de dineros sustraídos, sino de miles de millones de pesos porque como nunca encontraron ningún muro de contención producto de alto nivel de impunidad que durante años prevalecía desde el Estado, pensaron que jamás podrían ser descubiertos y sometidos a la justicia por los desmanes cometidos.
Es por esa razón, que en la República Dominicana necesitamos una mayor institucionalidad del Estado dominicano, donde las instituciones jueguen el rol para las que fueron creadas y que todo funcionario que tenga la oportunidad de dirigirlas respete su integridad y disposiciones legales, sin imponer sus criterios y aspiraciones personales en perjuicio del buen funcionamiento de la misma.
Necesitamos sentencias ejemplarizadoras en contra de todos aquellos funcionarios que han saqueado al Estado dominicano y que la sociedad dominicana respalde las acciones de los actores de la justicia que procuran poner un freno definitivo a los actos de corrupción que han afectado la imagen de la Administración Pública en perjuicio de la gran mayoría de sus servidores que devengan sueldos de miseria.
De esa manera, también quedaría eliminada la visión generalizada que tienen empresarios y políticos de nuestro país, en el sentido de que creen que al ser nombrados en un puesto de la Administración Pública, consideran que más que servir a las instituciones donde han sido designados fueron puestos para resolver sus problemas y los de sus allegados.
El gobernante que logre revertir con coraje y decisión esa errática costumbre que se tiene de manejar las instituciones del Estado, le hará la más grande contribución a la sociedad dominicana y garantizara la preservación de las futuras generaciones de hombres y mujeres de nuestro país, porque de seguir así de nada valdría la pena que sigamos creciendo económicamente como nación, porque los beneficios los recibirían los corruptos que cada cuatro años llegan a la dirección de la cosa pública y estaríamos viviendo en el mismo circulo vicioso.
