Danilo Cruz Pichardo
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Nunca antes los dirigentes y militantes de los diversos partidos políticos dominicanos tuvieron como denominador común la falta de ideología y ausencia de valores éticos, lo que lleva a exhibir una conducta similar.
Algunos sociólogos y politólogos atribuyen ese comportamiento a la desaparición física de Juan Bosch, Peña Gómez y Joaquín Balaguer. Los dos primeros concienciaban a sus correligionarios en términos doctrinario y ético, mediante charlas radiofónicas, círculos de estudios y escuelas de formación.
Y Balaguer, aunque nunca fue el mejor referente moral ni político, se le reconoce haber sido honrado en el manejo de fondos públicos. Al morir los tres grandes caudillos de las últimas décadas del siglo pasado, ninguno de los líderes emergentes emuló su legado.
El PLD, que gobernó 20 años, 16 consecutivos, abandonó los principios boschistas, abrazó el pragmatismo, centralizó las instituciones democráticas e hizo uso y abuso de los fondos públicos. Sin embargo, la población se hartó de sus excesos y lo desalojó del poder a través de los comicios de julio de 2020. La mayoría votó por el cambio.
El cambio, no obstante, resultó ser una verdadera frustración política, porque se le ha dado continuidad a los vicios más aberrantes que han matizado el acontecer político del presente siglo.
La mayoría de los que sufragaron por Luis Abinader desconocía su compromiso con la oligarquía nacional y con sectores del bajo mundo, si se parte de que muchos legisladores y alcaldes postulados por el PRM resultaron estar vinculados al narcotráfico.
Los compromisos de campaña con los empresarios no consistieron solo en la designación de sus miembros en puestos relevantes y estratégicos, sino además en el traspaso de patrimonios públicos al sector privado, haciendo énfasis en las Alianzas Público-Privadas y en los fideicomisos.
Todo el marco legal ha sido aprobado por el Congreso Nacional, solo se espera la reelección de Abinader para que contadas familias de la oligarquía nacional se adueñe de costas turísticas y de servicios básicos como energía, agua, transporte, entre otros.
Al iniciar la presente gestión Luis Abinader contó con una alta aprobación en diversos segmentos de la sociedad dominicana, porque se pensó que habría un real combate a la corrupción pública y a la impunidad, dos aspectos en que se basó la campaña del actual jefe de Estado.
El Ministerio Público independiente desnudó casos de entramados mafiosos que operaron en la administración de Danilo Medina, en los cuales se sustrajeron del erario miles de millones de pesos. Empero, los pocos hechos investigados y conocidos solo se limitaron al entorno familiar y político del pasado mandatario.
Y cuando la Procuraduría General de la República se proponía publicar la monstruosa mafia de Hacienda, que también involucra a líderes del PRM, vino el pacto de impunidad (Luis, Danilo e Hipólito) y ahí terminó el circo.
Se supo que Miriam Germán y su equipo (disgustados) podrían renunciar en cualquier momento y el presidente está no solo enterado, sino que tiene el sustituto. Trascendió que Vinicito Castillo y otros abogados “nacionalistas” serían designados, una jugada política de palacio para debilitar un eventual frente opositor de Leonel Fernández.
Luis Abinader decidió “tirar al suelo” el trabajo del Ministerio Público, que había sido el punto luminoso de la presente gestión. Desde hace algún tiempo no se conocen casos de corrupción del pasado ni del presente.
Cuando se produjo el escándalo con Neney Cabrera en el PROPEEP, Luis Abinader no se dio por enterado. Y nueve meses después es el propio Neney que renuncia, para supuestamente dedicarse de lleno a la reelección presidencial. En su lugar fue designado Robertico Salcedo, joven farandulero de tradición peledeísta.
Pero ese no es el único caso de impunidad de la presente gestión. Se recuerda de la comisión de serias irregularidades en el Ministerio de la Juventud, bajo la dirección de Luz del Alba Jiménez.
La destituyeron y la dejaron enfriar un tiempo, para ahora designarla vicecónsul en Barcelona, España, acontecimiento que ha tenido gran repercusión pública.
Algo más todavía: está caliente el caso de INAPA. En INAPA hay ruidos desde antes de Wellington Arnaud llegar al cargo, pues la ley de esa institución, que establecía que el titular tenía que ser ingeniero, fue modificada para hacer posible su designación. Ese muchacho estudió abogacía.
Y en los últimos tiempos tres espacios televisivos han denunciado irregularidades en esa institución, en las adjudicaciones de contratas a la compañía Tiote Comercial, propiedad de Julio César Lantigua, en operaciones que involucran 99 millones de pesos y salpican al hijo de una famosa viuda de un líder político.
El caso de INAPA no tuvo mayor impacto en la población porque el discurso del presidente de la República, pronunciado el 27 de febrero ante la Asamblea Nacional, centró la atención de la opinión pública.
Todo el debate giró en torno a esa noticia, así como en las juramentaciones en el PRM de alcaldes y exalcaldes opositores. Se supo que en la compra de cada alcalde el Gobierno invierte entre siete y diez millones de pesos, la reproducción de una conducta que ayer se condenó por corrupta, pero que hoy se denomina “estrategia política”.
Analistas independientes estiman que Abinader se despojó de la máscara y está concentrado en dar un golpe político en febrero, mediante la contienda electoral municipal, cuyos resultados podrían impactar y repercutir en los cómputos de mayo.
No hay reparos éticos y el objeto es amarrar el mayor número de alcaldes y exalcaldes, por lo que nada importa lo que se pueda decir de Carlos Valentín Batista (el de Jaquimeyes) o de Cholitín, edil de Higuey, responsable de un fideicomiso municipal, que envuelve unos 560 millones de pesos, con una compañía que se dedica a la venta de carburantes, pero ahora simultáneamente administra el vertedero, se encarga de la iluminación de las calles y la instalación de cámaras de seguridad en ese municipio.
Se confirmó, además, que Karina Aristy, exalcalde de Higuey e hija del fenecido Amable Aristy Castro, estaría ingresando al partido oficialista, aunque la condición está pendiente de establecer.
Sin embargo, nada de eso es espontáneo, se habla de transacciones y tratativas de dinero o de impunidad. Ya Luis Michel Dicent, exadministrador de la Lotería Nacional, está en libertad y se supo que trabajaría por la reelección presidencial, con los riferos y dueños de bancas. ¿Qué otra cosa se le ofreció?
Lógico: la cultura política de los últimos años es creer que quien controla el Presupuesto de la Nación puede hacerlo todo y siempre le sale bien, aunque no necesaria es así. ¿Quién compró más alcaldes y exalcaldes que Gonzalo Castillo? Finalmente perdió.
Es que en ese festival de compra de dirigentes opositores, con los cuales se hace compromisos de llevarlos en la boleta, solo se valoran los amarres y no los desamarres que eventualmente podrían producirse. Se conoce de decenas de alcaldes y aspirantes a puestos electivos del PRM que si les sacrifican sus aspiraciones no apoyarían la reelección presidencial.
Y hay muchos dirigentes del PRM que aspiran a senadores, diputados, alcaldes y regidores, que desde el Gobierno no se les apoya, que decidieron seguir al doctor Guido Gómez Mazara.
Guido tiene estructura en todos los municipios y es un dolor de cabeza para Luis Abinader, porque aunque este último es puntero en las encuestas internas, para nada quiere exponerse a un escrutinio electoral, por temor a una sorpresa.
Las primarias del PRM serían montadas por la Junta Central Electoral. Paliza y Carolina nada tendrían que ver con ese proceso. Contrariamente, Carolina está muy concentrada en sus aspiraciones vicepresidenciales, a pesar de que Abinader, dato confirmado, escogería nuevamente a Raquel Peña, producto de compromisos con empresarios de Santiago.
Esos empresarios, sin embargo, vienen jugando dos cabezas y coquetean simultáneamente con Leonel Fernández, quien valora la posibilidad de llevar a la hija de Hipólito Mejía como compañera de boleta, aunque nadie hable de eso públicamente.
Hipólito, que no es un destacado académico, pero es marrullero, ha sido noticia, en los últimos días, por sus reuniones en el Cibao.
Se sabe que ante el transfuguismo reinante el Gobierno lleva la de ganar, porque dispone del presupuesto nacional. Pero ante esa realidad el PLD y la Fuerza del Pueblo han decidido llevar candidatos comunes en la contienda municipal.
Inclusive provocarían dividir el voto del oficialismo en muchos municipios donde el Gobierno pretende hacer imposiciones, asumiendo como propios a candidatos populares sacrificados por el PRM.
Desde el mes de enero los partidos vienen haciendo encuestas en todos los municipios, las cuales no salen a luz pública, pero sirven como herramienta de trabajo.
Además las tres organizaciones mayoritarias disponen de estrategas nacionales y extranjeros que establecen lo que procede en cada caso, dependiendo de la conveniencia en término electoral. Se aplica la inteligencia y la contrainteligencia.
Aunque algunos consideran normal y algo viejo el transfuguismo político, cuando es mediante el dinero del contribuyente y concesión de puestos públicos estamos en presencia de corrupción. Para que una persona se venda tiene que haber otra que la compre, por lo que hay corruptos y corruptores.
Y el doctor Guido Gómez Mazara, mediante investigaciones bien sustentadas, es el único político dominicano que viene valientemente denunciando todas esas operaciones antiéticas que se registran en el escenario político nacional, un verdadero aporte a la población, que el electorado nacional le podría reciprocar en la contienda comicial de mayo de 2024.
