El exmagistrado colombiano y actual titular de Defensa, Iván Velásquez, vuelve a ser un tema espinoso para el Gobierno guatemalteco.
Colombia, RT.-. El cruce de declaraciones entre los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y Guatemala, Alejandro Giammattei, sigue ganando intensidad tras el anuncio de la Justicia guatemalteca de investigar al ministro de Defensa colombiano, Iván Velásquez, por presuntas ilegalidades relacionadas con el caso Odebrecht mientras fue jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG), años atrás.
La víspera, ambos mandatarios se enviaron mensajes poco conciliatorios por distintas vías para sentar sus posiciones con respecto a la acción impulsada por Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), contra de Velásquez, quien estuvo al frente de la CICIG en Guatemala, entre 2013 y 2019.
Para Petro, la medida anunciada contra su ministro es parte de una persecución judicial «por su lucha contra la impunidad» en el país centroamericano, mientras que Giammattei pidió «cordura», no sin antes dirigir su artillería contra su homólogo.
Y es que en Guatemala no pasó desapercibido el paso y la salida de Velásquez por la CICG, un organismo surgido tras la firma de un acuerdo entre el país centroamericano y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para apoyar a las instituciones del Estado en la investigación y persecución penal.
En su gestión se impulsó la investigación de dos expresidentes, en acción conjunta con la Fiscalía del país centroamericano, lo que le costó su permanencia en el organismo.
La cordura y el «matadero»
El presidente colombiano, que se encuentra en la ciudad suiza de Davos para participar en el Foro Económico Mundial, comentó a través de sus redes el llamado hecho por Giammattei.
«Cordura en política significa luchar contra la corrupción. Quienes permiten que la mafia se apodere del Estado solo conducen a la sociedad al genocidio», escribió.
En la misma interacción, Petro expresó que la historia de ambos países está llena de genocidios «por entregar el Estado a las mafias» y remató diciendo que los «cuerdos» no llevan a las sociedades «al matadero».
La concejal de Bogotá, Lucía Bastidas, dijo en una entrevista con RCN que el mandatario no podía «perder las formas», por «posar de líder latinoamericano» sobre el tema de Guatemala.
Petro ripostó y aseveró que, más que las formas, le importaban los contenidos. «Formas sin contenidos solo son formas de vacíos, de mentiras. La mentira eterna de una política que se arrodilla a la corrupción», expresó con referencia al país centroamericano.
La respuesta del Ministerio Público
En comunicado colgado en sus redes, la Fiscalía guatemalteca también respondió a los señalamientos de Petro y aseguró que es una institución «con funciones autónomas, que no está sujeta a ningún poder del Estado».
Del mismo modo, el organismo consideró «importante recalcar» que las investigaciones son acciones judiciales, por lo que se mostraron sorprendidos de que se emitieran «opiniones sin ser parte del proceso» y «sin conocer los hechos de cada caso».
En otra interacción, el subsecretario de Estado de EE.UU. para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian A. Nichols, expresó su preocupación por «las órdenes de captura» contra «personas que trabajaron para garantizar la rendición de cuentas por corrupción en el caso Odebrecht en Guatemala». Para el funcionario, estas acciones debilitan el Estado de derecho.
A esto, el Ministerio Público respondió que es «una institución autónoma e independiente» y que «tratar de incidir en su labor de investigación debilita el Estado de derecho».
«Un error de guerrilero»
En la entrevista a EFE, el presidente guatemalteco, que se encuentra de visita en España para participar en la Feria Internacional de Turismo, emitió tajantes comentarios y acusaciones en contra de su par, al que tildó de «guerrillero», tras señalarlo de haber tenido nexos con el narcotráfico.
«Voy a dejar que el presidente Petro siga cometiendo el error de un guerrillero, pero que es poco político. No voy a caer en el juego», dijo el mandatario centroamericano.
Luego de su duro dardo contra Petro, Giammattei aseguró que tenía la política de resolver las diferencias de forma diplomática, «para evitar que los conflictos escalen después a lugares donde ya es difícil salir».
Aunque dijo que no se metía en asuntos internos, Giammattei arremetió contra las negociaciones de paz en Colombia y aseveró que en el país suramericano «están dejando libres a narcotraficantes, a personas que asesinaron gente durante el conflicto armado».
«Allá ellos y su Justicia, en mi país si algo hemos procurado es la independencia de los poderes del Estado», agregó.
Por otro lado, manifestó que el proceso que se le sigue a Velásquez es de investigación y no una «persecución penal», porque no existe una orden de captura. «Sería bueno que alguien ilustre al señor Petro sobre la diferencia entre una y otra», puntualizó.
La relación entre ambos mandatarios pareciera haber llegado a un punto máximo de congelamiento. El presidente guatemalteco considera que es «innecesario» sentarse a conversar con su homólogo porque durante la campaña electoral «insultó» a su país «y jamás pidió disculpas».
En la cuenta de Twitter del líder del Pacto Histórico hay varios tuits, escritos entre 2018 y 2020, donde el entonces senador destacaba la gestión de Velásquez, al que calificaba de «héroe» en la CICIG. Además, afirmó que Guatemala era un «Estado tomado por la mafia» y «un país cuyo gobierno era narcotraficante y genocida».
«El exmagistrado Iván Velásquez libró una lucha denodada por librar a Guatemala de la corrupción», escribió por aquella época.
El origen de las tensiones
Si bien las declaraciones entre los dos presidentes han subido de tono con el pasar de las horas, los orígenes de estas tensiones datan de años atrás, sin que esto tuviera efecto en la estable relación de ambos países.
El mandato de Velásquez en la CICIG culminó el 3 de septiembre de 2019, tras doce años de labor. Su gestión no pudo continuar porque el expresidente Jimmy Morales no prorrogó su estancia, en respuesta al proceso que le siguió ese organismo adscrito a la ONU por la presunta financiación ilegal de su campaña presidencial, por el partido Frente de Convergencia Nacional-Nación, del que era secretario.
Velásquez fue declarado ‘persona non grata’ por Morales en 2017. Esta decisión fue catalogada de inconstitucional por la máxima Corte. Sin embargo, en 2018, el expresidente dictó una orden para impedir la entrada del magistrado colombiano a esa nación y anunció que no renovaría el mandato de la CICIG en su país, por lo que este culminaría en 2019.
Velásquez y la exfiscal general, Thelma Aldana, sobre quien pesa una orden de captura, pidieron un antejuicio contra Morales. En ese momento, la titular del Ministerio Público aseguró que la investigación podría derivar en casos de lavado de dinero, recoge Plaza Pública.
En 2017, la incomodidad de Morales adquirió relevancia internacional cuando en un encuentro con el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, le pidió que la CICIG se circunscribiera «al mandato otorgado para su funcionamiento, así como al ordenamiento jurídico y constitucional de la República de Guatemala».
Según la prensa local, ya había «malestar» con Velásquez y Aldana en 2017, desde el proceso penal contra el hijo y el hermano del mandatario, acusados de fraude y lavado de activos. Ambos fueron absueltos en 2019 por un tribunal, ya que no se pudo demostrar su participación en los hechos.
Sin embargo, el caso más «famoso» del CICIG, según la propia ONU, fue ‘La Línea’, una investigación iniciada en 2015 en contra del expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti.
A Pérez Molina se le imputaron los delitos de asociación ilícita, defraudación aduanera y enriquecimiento ilícito.Tras estas acciones, el exmandatario renunció a su cargo y fue procesado por corrupción.
En una entrevista para Nueva Sociedad, en 2019, Velásquez dijo que hubo «una dura» y «exitosa resistencia» contra ese organismo en Guatemala por parte de los investigados y por quienes temían serlo.
Para el abogado, hubo aún más presión sobre la CICIG cuando se investigó la cooptación del Estado por parte de estructuras corruptas.
