La Altagracia, RD.-. El Juzgado de Paz Especial de Tránsito de la provincia La Altagracia reservó para el próximo jueves a las 3:00 de la tarde, la decisión de medida de coerción, contra Franklin Nín Pérez, chofer del autobús accidentado en el Bulevar Turístico del Este en Bávaro.
Roberto Miguel Encarnación, abogado de Nin Pérez, detalló que la Corte de Apelación ratificó al juez Gregorio Torres Spencer, que había sido recusado en la audiencia del pasado miércoles por el Ministerio Público y la partes civil.
Dijo estar esperanzado, porque “hemos depositado ante el tribunal presupuesto suficiente que dan al traste con el arraigo de nuestro representado”.
Agregó que de “manera maliciosa hay un pseudo certificado médico» que habla que mi representado manejaba bajo los efectos de la cocaína y es que debido al accidente, al conductor se le subió la presión y fue a la policlínica rural de Verón, donde le suministraron varios medicamentos que pueden dar positivo a cualquier tipo de droga”.
El profesional del derecho consideró que los derechos de Franklin Nin fueron vulnerados, ya que la prueba toxicológica la hicieron en un centro y no en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), que es la institución del estado.
Detalló que solicitaron libertad pura y simple por haber presupuesto suficiente, “pero le dimos al juez la posibilidad de conjugar cualquier otra medida menos gravosa diferente a la prisión preventiva”.
En tanto que Martin Alexis De León, abogado de Suero Services Bus, compañía a la que pertenece el vehículo accidentado, sostuvo que el Ministerio Público solicitó incautar el autobús para establecer una investigación y determinar la velocidad del mismo, cosa que, según el experto en leyes, no depende del vehículo y esa medida vulnera el derecho de propiedad.
Víctimas piden justicia
La audiencia, que se inició a eso de las 9:40 de la mañana y culminó pasada la 1:00 de la tarde, contó con cinco de los accidentados como testigos.
La colombiana Gina Pavón, una de las víctimas involucradas en el accidente del pasado 6 de este mes ocurrido en el Bulevar Turístico del Este, próximo a la entrada del cruce Domingo Maíz en Bávaro-Punta Cana, dijo que lo único que ella y los demás accidentados piden es justicia y que todos los entes judiciales realicen el proceso investigativo, porque “nosotros somos de Colombia y nadie quiere pasar por una tragedia de estas”.
Otra de las personas accidentadas es Joulin Franco, también de nacionalidad colombiana, quien pidió que los ayuden con los gastos médicos, porque tanto para ella y sus compañeros es difícil tener que afrontar la situación en sus países.
«Vine por primera vez al país en compañía de mi abuela a durar ocho días y nos pasa esto”, dijo la mujer.
De su lado, el secretario general del Sindicato de Choferes Transporte Turístico del Este (Sichotrature), Tomacito Reyes, catalogó el proceso como político y mediático, ya que dos senadores de la República se han pronunciado al respecto, así como el director del Intrant, Hugo Beras.
El accidente se produjo con 51 turistas que iban hacia Bayahíbe para partir a una excursión hacia la Isla Saona.
