“La actual gestión acusa un elevado grado de incompetencia gubernamental, reflejado en males como el deterioro de los servicios básicos. La principal responsabilidad del Poder Ejecutivo es velar por el bienestar de la gente”.
Santo Domingo.- El Partido Revolucionario Dominicano (PRD), en voz de su presidente y líder, ingeniero Miguel Vargas Maldonado, emitió un comunicado este miércoles para advertir sobre el preocupante deterioro de la situación que enfrenta la República Dominicana ante lo que denominó “un elevado grado de incompetencia gubernamental que se revela en el desplome y carestía de los servicios básicos, incremento del crimen y la inseguridad”.
Asimismo, llamó la atención sobre el menoscabo progresivo de los sistemas de salud, educación y seguridad social en el país.
A continuación, el comunicado íntegro del PRD.
COMUNICADO AL PAÍS
Por la gente y la democracia: Con el propósito de velar por una República Dominicana en capacidad de superar los graves retos que nos plantea la actual crisis nacional e internacional, comparecemos hoy ante ustedes en nombre del Partido Revolucionario Dominicano para hacer un llamado a las autoridades de gobierno y al liderazgo nacional en todas sus vertientes a hacer conciencia ante el marcado deterioro que acusa el país, en su norte de garantizar el Estado de derecho, el orden institucional y el bienestar de la población, elementos vitales para la fortaleza y sostenimiento de la democracia y la gobernabilidad.
Desde nuestra óptica, siempre enmarcada en un ejercicio político crítico y propositivo, el país acusa un elevado grado de incompetencia gubernamental que se revela en la carestía de los alimentos, el deterioro y aumento del costo de los servicios públicos, el desempleo, incremento del crimen y la inseguridad, así como el desplome de los sistemas de salud, educación y seguridad social.
Ante este preocupante cuadro, la actual administración se empeña en dar palos a ciegas, donde predomina la improvisación que conlleva al fracaso y pone en evidencia la incapacidad del gobierno para afrontar la crisis que ha desmejorado la calidad de vida de nuestra gente.
Lejos de reconocer estas falencias que, en el caso de los precios y los servicios atormentan al pueblo, y sin que se observen señales en la dirección de propiciar un clima para el diálogo y la concertación, lo que se percibe en el gobierno es una administración indiferente, petulante y excluyente.
A este errático desempeño, el sector oficial suma la provocadora postura de propiciar e imponer leyes y resoluciones que ponen en riesgo la seguridad jurídica o la leal competencia, como acontece con el régimen de importaciones, entre otras.
Constituye un golpe a la clase media el despropósito gubernamental de gravar las compras por Internet y colocar impuestos a plataformas digitales como Airbnb que, además de contribuir al aumento del turismo, también estimulan la industria de la construcción.
Igual ocurre en el campo de la salud, donde, por ejemplo, se cuadruplican los casos de dengue, colapsa el programa de Atención Primaria y es insuficiente la inversión en medicinas y equipos en la red nacional de hospitales.
¿De qué manera no reclamar salirle al frente a situaciones que nos degradan y atormentan como ocupar el primer lugar en todo el mundo en muertes por accidentes de tránsito y estar colocados en el fatídico número uno en el Caribe en casos de fallecidos intentando abandonar el país en frágiles embarcaciones, como lo acaba de establecer la Organización Internacional para las Migraciones?
Estamos compelidos a detener el acoso sobre nuestra pujante, productiva, pero sacrificada clase media, agobiada por una carga de costos operativos en sus pequeñas y medianas empresas y por los efectos de la carestía en la canasta básica familiar.
En otro orden, llama la atención que mientras se enfatiza en la persecución de la corrupción, en una batalla que todos debemos respaldar, se perciben excesos y violaciones al debido proceso que terminan por desacreditar el buen propósito de esas acciones, afectando la imagen del sistema de justicia, mientras, por otro lado, no cesan los escándalos y escarceos en licitaciones y compras en diferentes instancias del actual gobierno.
Crisis en Haití
Merece una atención especial la preocupante situación en Haití, cuya crisis política e institucional constituye una grave amenaza a nuestra seguridad y estabilidad económica, política y social.
Reiteramos nuestra advertencia acerca de la posibilidad cierta de una guerra civil en Haití de imprevisibles consecuencias para la República Dominicana.
Nuevamente, llamamos la atención del gobierno para que pase del discurso a los hechos y asuma con decisión y firmeza su sagrada responsabilidad de proteger el interés nacional y salvaguardar nuestra soberanía.
El país precisa, de igual manera, de mayores esfuerzos en nuestro reclamo a la comunidad internacional para que intervenga en la búsqueda de solución a la crisis haitiana que empeora y que nos golpea con masivas incursiones de ciudadanos haitianos indocumentados, constituyéndose en una peligrosa amenaza para nuestra nación.
Por eso reiteramos el llamado a la Oficina Integrada de la ONU en Haití (BINUH), Para que, atendiendo a sus facultades, implemente la conformación de un bloque de fuerza regional para promover la pacificación, estabilidad y la institucionalidad que permitan lograr el escenario adecuado para la celebración de unas elecciones libres y democráticas en el vecino país.
Para afrontar con éxito la situación calamitosa de Haití y el consecuente éxodo ilegal masivo hacia nuestro territorio se requiere la unidad de todos los dominicanos para preservar la integridad de la nación y, especialmente, la coherencia de quienes nos gobiernan.
Es inconcebible e inaceptable que en el propio seno del gobierno hayan voces disonantes que, además de ir contra la postura oficial del país ante la comunidad internacional sobre la situación en Haití, se atrevan a propalar ofensas contra el pueblo dominicano sin que el Presidente de la República tome medidas claras y firmes para reivindicar el respeto por la dominicanidad.
La inseguridad
Los niveles de inseguridad que afectan a nuestro país son realmente alarmantes, al punto tal que en 2021 se registró un aumento de los homicidios intencionales con respecto a 2019 y 2020, hecho que rompe la tendencia a la baja que venía registrándose en esa estadística durante la última década.
Este dato por sí solo revela la incompetencia de las autoridades para garantizar la seguridad ciudadana, mientras las familias dominicanas sucumben ante el temor de que los delincuentes les arrebaten sus vidas y sus bienes más preciados.
Por eso, invitamos al gobierno a que reaccione, abandone la improvisación que le caracteriza y comience a ofrecer resultados en este delicado asunto, ejecutando acciones concretas y eficaces para evitar que el crimen se adueñe de la República Dominicana.
Falta de respuestas efectivas
A dos años de gobierno, el tiempo de presentar la crisis global como excusa ya terminó. La realidad es que tenemos una población que siente y padece la falta de respuestas efectivas ante el deterioro de su calidad de vida, que observa y deplora el incumplimiento de promesas, la dispersión y la multimillonaria inversión en propaganda dirigida a ocultar o distorsionar la realidad.
Queremos recordar al gobierno que gobernar es hacer, no prometer, que es lo que han venido haciendo estas autoridades: promesas y más promesas.
Compra indiscriminada de dirigentes
En cuanto al accionar político del gobierno, queremos manifestar nuestro rechazo a la compra indiscriminada de dirigentes políticos opositores, a quienes muestra como trofeos a la sociedad dominicana en actos públicos, tratando de aparentar un apoyo que la ciudadanía le niega cada día por su evidente ineficacia y con el objetivo de distraernos a todos de los agravados males que afectan a la nación.
El oficialismo debe desistir ya de esa práctica perniciosa de promover el transfuguismo, pues con ello contribuye a socavar la democracia, el sistema de partidos y a erosionar nuestras instituciones.
Políticas ante crisis económica
En medio de esta crisis económica, creada por factores internos y externos e innecesariamente azuzada con pésimas actuaciones gubernamentales, se precisa detener la posibilidad de que la situación pueda devenir en una crisis de inestabilidad social y política que amenace no sólo nuestra economía, sino nuestra paz política y social.
Por ello es preciso emprender políticas de apoyo focalizado -y no clientelista- a los sectores más pobres y vulnerables, sobre todo, a través del fomento a las micro, pequeñas y medianas empresas, dirigidas a generar más y mejores empleos y a hacer de nuestra nación una verdadera República del trabajo, con empleos dignos y formales, que son la base del desarrollo, la propiedad, la competitividad y la justicia social.
Para ello es clave un Estado no sólo social, sino garante de las inversiones públicas y privadas y de la seguridad jurídica sin la cual no es posible atraer inversión nacional y extranjera y hacernos líderes en la región como el destino favorito de la inversión.
Propiciar clima de certidumbre
El PRD proclama la necesidad de corregir estos desvaríos oficiales y propiciar un clima de certidumbre y confianza que garantice la gobernanza y el sosiego de la ciudadanía.
Ese cambio de actitud que reclamamos del gobierno permitirá volver sobre los espacios de diálogo y concertación, vitales para afrontar los retos.
Nuestro partido reitera su vocación crítica y propositiva, confiado en abonar el camino que nos conduzca a una verdadera y sostenible estabilidad social, económica y política para el fortalecimiento de la democracia y el bienestar del pueblo dominicano.
Les recordamos y advertimos al Presidente de la República y al partido gobernante que la principal responsabilidad del Poder Ejecutivo es velar y accionar por el desarrollo y el bienestar de la gente.
Que no ignoren y, mucho menos, burlen que esa responsabilidad conlleva también auspiciar una mejor distribución de nuestra riqueza en el marco del Estado de derecho, garante por demás de un ambiente de paz, sosiego y felicidad del pueblo dominicano.
Ante esta crítica situación del país que acabamos de describir, el Partido Revolucionario Dominicano, apegado a su histórico compromiso con las mejores causas de nuestro pueblo, trabaja arduamente por el crecimiento y fortalecimiento de nuestra organización.
Tenemos el firme propósito como partido de presentar candidaturas propias a todos los niveles: municipal, congresual y a la Presidencia de la República en los comicios del 2024, y así restituir la fe y la esperanza de la gente, con una oferta electoral realizable e innovadora, y construir una nueva oportunidad para la República Dominicana.
¡Que Dios les bendiga!
