Santo Domingo.-. El diputado de la Fuerza del Pueblo, Rafael Tobías Crespo, hizo un llamado al pueblo dominicano y a toda la sociedad a unirse y reclamar la aprobación del proyecto de Ley que regula la Lengua de Señas y el Sistema de Braille en República Dominicana.
El congresista, quien explicó que por sexta ocasión la pieza perimió en el Senado de la República, indicó que el conocimiento de esta ley le garantizaría derechos fundamentales a esta importante comunidad.
“Con el proyecto se busca certificar y capacitar a los intérpretes de lengua de señas debido a que en nuestro país no existe una institución que establezca de manera oficial, qué es un intérprete”, señaló, entre otros puntos transcendentales, el dirigente político, al destacar las bondades de la nueva legislación.
El proponente de la pieza, Tobías Crespo, dijo que la misma establece que el Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS), junto al Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología (Mescyt), así como el Ministerio de Educación (Minerd) se encargarán de establecer los mecanismos para formar a los intérpretes en lengua de señas.
Asimismo, significó que con la pieza que ha sido aprobada seis veces en la Cámara de Diputados, se busca que las instituciones del Estado que brinden servicio al público; como los hospitales, las oficinas de licencias y pasaportes, por ejemplo, estén provistas de señales auditivas y visuales para esta comunidad.
“Estamos buscando que haya mayor cantidad de intérpretes, que se reduzca el precio que se paga actualmente y que el Estado ponga estos intérpretes a disposición del Sistema Educativo”, expresó el legislador.
Rafael Tobías Crespo, tras señalar que la educación para las personas sordas se ha convertido en un privilegio, dijo que las autoridades educativas y el gobierno en sentido general deben garantizar una enseñanza de calidad para estas comunidades.
El legislador de la organización liderada por el expresidente Leonel Fernández, recordó que la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de las Naciones Unidas establece que las lenguas de señas tienen el mismo estatus que las lenguas habladas.
