Santo Domingo, RD.-. Con relación a la notificación de la Federación Nacional de Bancas de Loterías (FENABANCA) mediante acto de alguacil No. 160/2022, en el que advierte y hace formal acto de oposición a que el Estado se abstenga de cobrar los impuestos a todos los dueños de bancas, establecidos en la Ley 139-11, que se acogieron al proceso de regularización de bancas, tenemos a bien informar que conforme a la legislación a que hacen referencia, de fecha 24 de junio de 2011, todos los contribuyentes del sector tienen la obligatoriedad del cumplimiento a lo establecido en el artículo 2 de la precitada Ley.
En ese sentido, todos los contribuyentes que se acogieron al plan de regularización tienen la obligación del pago tributario, en vista de que, en sus declaraciones juradas, declaran la operatividad de sus bancas.
La intención del Consejo de Seguimiento ha sido, tal como se ha declarado innúmeras veces, que tanto el Ministerio Hacienda, la Dirección de Casinos y Juegos de Azar, como la Dirección General de Impuestos Internos, juntamente con el Consejo, procedan a depurar, cuales de ellas cumplen o no con los requisitos establecidos en las leyes y reglamentos.
El envío a la DGII del listado preliminar de las bancas que se acogieron al plan de regularización para fines de pago, establece claramente que esto no representan aceptación ni registro definitivo de dichas bancas.
Puesto que, los organismos del Estado con la colaboración del propio Consejo de Seguimiento, donde están representados todos los sectores ligados al juego de apuestas, colaborarán para la depuración y confección de la base de datos definitiva.
La Dirección de Casinos ha estado remitiendo al Procurador General de Corte del Distrito Nacional, designado para tales fines, todos los expedientes de oposición notificados ante esta institución, para los fines procedentes. En tal virtud, hemos considerado necesario, que todas las bancas que estén operando, tienen la obligación de cumplir con el pago de tributos, hasta tanto los organismos competentes, especialmente el Ministerio Público y el Poder Judicial, determinen la situación de legalidad de cada una.
