El incumplimiento del acuerdo de paz y la poca presencia estatal en los lugares más apartados del país son algunas de las razones que están detrás de los números que empañan el posconflicto.
Colombia, RT.-. El Gobierno de Iván Duque se despide con una impronta de violencia signada por el goteo continuo de asesinatos de líderes sociales y excombatientes y por la reaparición de las masacres, un fenómeno que no se presentaba desde hacía décadas en Colombia.
Si bien a Duque recibió a un país que recién se reconfiguraba tras la firma del Acuerdo de paz entre el Estado y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), a finales de la Administración de Juan Manuel Santos, distintos analistas y organizaciones de defensa de los derechos humanos consideran que su comprensión de esta compleja etapa de posconflicto fue insuficiente.
En todo su periodo presidencial se denunció el incumplimiento de lo acordado en La Habana, para garantizar el proceso de paz que apenas comenzaba y que debía ser acompañado por el aparato estatal.
Generalmente, Duque respondió a la violencia con militarización, sin dejar espacio para la atención integral de las demandas históricas de los municipios y ciudades devorados por décadas del conflicto armado, que actualmente padecen los enfrentamientos de los grupos ilegales por el acceso a sus territorios.
Los líderes sociales quedaron desprotegidos en sus propias comunidades ante el poder local que ejercen disidencias de las FARC, las guerrillas y los grupos narcoparamilitares. Lo mismo ocurrió con algunos de los excombatientes, cuya reincorporación a la vida civil les costó la vida, en medio del reclamo constante de garantías para desarrollar lo que contemplaba el Acuerdo de paz.
Otro punto que quedó sobre el tintero en el periodo del abanderado del Centro Democrático fue el diálogo con los grupos armados ilegales. En 2019 se interrumpió el canal que se había abierto con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y finalizando el mandato no hubo intentos por retomarlo.
Durante estos cuatro años, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) monitoreó los asesinatos de luchados sociales y exguerrilleros, además de las masacres. Esta organización no gubernamental, que lleva su propio registro de las víctimas, presentó el pasado martes el informe ‘Cifras durante el gobierno de Iván Duque-Balance de la violencia en cifras’, que abarca desde el 7 de agosto de 2018, cuando se posesionó el mandatario saliente, al 1 de agosto de 2022, a menos de una semana para que Gustavo Petro ocupe la silla presidencial.
Los números rojos
En su gestión, Duque ha defendido su propuesta de «paz con legalidad», catalogada por sus adversarios políticos como un recurso para desconocer el Acuerdo de 2016 y desatender a los firmantes que dejaron las armas. Este plan del Gobierno, que ha manifestado sus desacuerdos con lo establecido en La Habana, no ha funcionado para abordar de manera efectiva la problemática de los asesinatos de líderes sociales y excombatientes.
Los datos de Indepaz arrojan que en los últimos cuatro años 957 lideres sociales y defensores de los derechos humanos han sido asesinados, al igual que 261 excombatientes. Del mismo modo, se contabilizan 313 masacres que dejan 1.192 víctimas.
Además, según el escrito, se han presentado 2.366 amenazas, 220 casos de desaparición forzada, 555 secuestros, 446 eventos de confinamiento, según la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), que pertenece a la Jurisdicción de Paz (JEP).
Los departamentos mas afectados son Cauca, Nariño, Valle del Cauca y Putumayo. El municipio nariñense de Tumaco es el más golpeado por el asesinato de líderes, firmantes de la paz y masacres.
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