SANTO DOMINGO. – Las cuentas del Ministerio de Educación fueron embargadas por supuesto incumplimiento de una sentencia dictada en septiembre de 2014 por el Tribunal Constitucional, la cual ordenó el pago de incentivos laborales a técnicos de esta institución basándose en la evaluación de desempeño del año 2012.
El embargo fue trabado en las cuentas del Banco de Reservas, el Ministerio de Hacienda, la Tesorería Nacional y la Dirección de Presupuesto, a fin de que inhabiliten los 950 millones de pesos adeudados a los técnicos, a fin de garantizar la seguridad del citado cobro.
Los técnicos también presentaron una demanda en responsabilidad patrimonial ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) en contra de Educación y su titular, Roberto Fulcar, así como del Estado dominicano, en procura de que le sean resarcidos los daños y perjuicios que les ha causado el desacato del fallo.
Los técnicos fueron favorecidos con la sentencia TC-0415-16, emitida por el Tribunal Constitucional el 13 de septiembre de 2016.
