SANTO DOMINGO.-.Los centros de Desarrollo Sostenible y para la Observación Migratoria y Desarrollo Social en el Caribe solicitan la intervención del Consejo Nacional de la Niñez y el Ministerio de la Mujer ante el incremento de las deportaciones de migrantes embarazadas y menores de edad, detenidos en operativos migratorios que violan el debido proceso.

A pesar de que la normativa nacional prohíbe la deportación de migrantes embarazadas, lactantes, niños/as, adolescentes, adultos mayores y solicitantes de asilo, el monitoreo de derechos humanos que realizan CEDESO y OBMICA en la zona fronteriza y la Región Enriquillo, en el marco del Proyecto Trato Digno, da cuenta de un alarmante incremento de incidentes migratorios que involucran a estos grupos protegidos por Ley.

De acuerdo a los reportes mensuales realizados por el Grupo de Apoyo para Retornados y Refugiados, que brinda asistencia en la zona fronteriza haitiana, desde noviembre de 2021, unas mil 50 migrantes embarazadas y 453 infantes, muchos de ellos sin la compañía de sus padres, han sido retornados de manera expedita hacia el vecino país por la Dirección General de Migraciones y organismos de seguridad.

En los operativos arbitrarios, independientemente de su edad o estado de salud, la DGM recluye a las personas en centros de acogida o destacamentos en condiciones deplorables, con precariedad de agua y alimentación.

Asimismo, los migrantes suelen ser hacinados en vehículos para su traslado a la frontera, la mayoría de las veces sin verificar su estatus legal, arraigo ni permitirles informar a familiares y amigos/as.

Las organizaciones subrayan la situación de riesgo agravada que viven durante las detenciones los niños, niñas y adolescentes, como el caso de “Junior” (nombre ficticio para proteger su identidad), de 13 años, detenido en Monte Plata y trasladado a Elías Piña, sin la compañía de un adulto responsable.

El menor fue abandonado en un punto de la provincia fronteriza, donde una señora le facilitó comunicación y transporte para reunirse con su familia, quienes luego de su repentina desaparición, lo buscaron desesperadamente durante 48 horas.

En septiembre de 2021, el Consejo Nacional de Migración emitió una serie de medidas restrictivas con un sesgo de género, con las que se limitó a casos de emergencia el acceso al servicios de salud y prohibió la entrada al país de extranjeras no regularizadas con embarazos notorios o a partir del sexto mes, lo que ha hecho de los centros de salud materno infantil espacios de redadas de mujeres que acuden a los hospitales en busca de asistencia para ellas y sus hijos, acción catalogada de violencia obstétrica a gran escala por grupos feministas en toda la región.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) han recomendado al Estado dominicano poner fin a las repatriaciones de mujeres en gestación y niños/as.

En respuesta, el gobierno dominicano niega la deportación de menores sin compañía y alega contar con un protocolo de repatriaciones de mujeres embarazadas, documento que todavía no ha dado a conocer públicamente.

CEDESO Y OBMICA instan a las autoridades a implementar mecanismos que garanticen la protección a grupos vulnerables.

Ambas organizaciones lideran Trato Digno, iniciativa a favor de los derechos de las personas migrantes, el cumplimiento del debido proceso en materia de deportaciones y el fortalecimiento de capacidades de actores clave para la prevención de atropellos y el monitoreo de incidentes migratorios.