Santo Domingo, RD.-. Mediante la Resolución SIE-068-2022-TF, la Superintendencia de Electricidad (SIE) anunció que modificará la Resolución No. SIE-061-2022-TF emitida el 30 de junio, en la cual se establecieron las tarifas de transición para el trimestre julio-septiembre de 2022, dejando las mismas sin efecto y manteniendo en vigencia las tarifas aplicadas en el trimestre abril-junio de 2022.
“Luego de emitida la Resolución No. SIE-061-2022-TF, esta Superintendencia ha verificado que las condiciones extraordinarias actuales de la situación mundial, ha generado un incremento desmesurado de los precios de los combustibles, insumos indispensables para la generación térmica de nuestra matriz energética, los cuales impactan el costo de generación de electricidad; el proceso de abastecimiento de las Empresas de Distribución Eléctrica y el cálculo tarifario”, señala la SIE en la resolución.
La medida se produce luego que el presidente Luis Abinader anunciara la suspensión de los próximos ajustes trimestrales de la tarifa eléctrica a los usuarios regulados de las EDEs, los cuales se aplican desde noviembre pasado como parte de los acuerdos arribados en el Pacto Eléctrico, que consensuaron todos los partidos políticos, empresarios, representantes de la sociedad civil, entre otros.
En dicho convenio, se consensuó desmontar gradualmente y por etapas, concluyendo en diciembre del 2026, el subsidio cruzado que se aplica a la electricidad hasta alcanzar la tarifa técnica. Este desmonte gradual se comenzó a aplicar en noviembre de 2021.
“Las circunstancias extraordinarias en las cuales se encuentra el mundo, que afectan económicamente tanto a nivel internacional como local, son muy distintas a las que existían cuando se firmó el Pacto Eléctrico. Por un imperativo social y moral, el Gobierno se ve en la necesidad de pausar el desmonte gradual del subsidio.
Sin embargo, es importante destacar que los demás aspectos del Pacto Eléctrico que eficientizan al sector continúan vigentes y se están ejecutando. Cabe destacar que el Pacto permite esta flexibilidad en los tiempos de ejecución del desmonte del subsidio, siempre y cuando éste se cumpla antes de diciembre del 2026” explicó Rafael Velazco Espaillat, Superintendente de Electricidad al comunicar la resolución.
Adicionalmente, el Consejo SIE, en el ejercicio de las atribuciones y facultades legales a su cargo conforme a la normativa vigente, las cuales contempla el disponer de las medidas que estime necesaria para la seguridad del público y destinadas a resguardar los derechos de los consumidores de electricidad dispuso, no solo modificar lo referente a las tarifas de transición a aplicar, sino que de igual manera ordena a las empresas distribuidoras de electricidad EDESUR, EDENORTE y EDEESTE a revisar las facturas emitidas en el mes de julio y acreditar o debitar, conforme corresponda, en la siguiente facturación la diferencia entre los precios establecidos.
El Gobierno Dominicano ha venido realizado grandes esfuerzos, bajo el contexto internacional actual, para contener y absorber parte de los ajustes tarifarios, para afectar en la menor medida posible a las familias dominicanas.
Solo para el reajuste aplicado en el trimestre de abril-junio, el Estado absorbió el costo diferencial de los clientes residenciales (Tarifa BTS-1), con consumo mensuales de 300 kWh o menos, que equivale a 1.9 millones de familias.
Este segmento recibió un ajuste de solo 9% en su tarifa, en lugar del 14% que correspondía de acuerdo a la metodología para el cálculo de la tarifa de transición.
En el período comprendido entre 2003 y 2020, el Estado tuvo que destinar RD$174 mil millones en gastos para el sector eléctrico nacional. Solo para este trimestre de julio a septiembre, bajo la modificación correspondiente al ajuste y con el objetivo de contener el alza para la familia dominicana el Estado otorgará RD$2,810.42 millones mensuales para el pago del subsidio a la tarifa de la electricidad.
La SIE reiteró que, como institución responsable de la regulación y fiscalización del subsector eléctrico, continuará protegiendo los derechos del consumidor del servicio público de electricidad y trabajando con transparencia para garantizar la competitividad y la autosostenibilidad del sector para que el país cuente con un suministro eléctrico confiable.
