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    EDITORIAL

    Democracia y corrupción

    El debate que se ha abierto en torno a la Ley de Extinción de Dominio y su aprobación por el Senado de la República deja traslucir la existencia de dos grandes asociaciones de intereses que se disputan el poder, protagonizando dos grandes movimientos políticos.

    En primer lugar, se distingue la asociación que responde a la visión democrática y sus valores que favorecen la transparencia, la eficiencia y la presencia de la ética en el ejercicio de la función pública desde el control del Estado.

    Esta asociación de intereses es la que se puede denominar el movimiento democrático, el cual enarbola la concepción de la democracia liberal concebida en la Constitución de la República.

    La otra gran asociación de intereses es la que se expresa favorable a las prácticas tradicionales de la repartición de privilegios desde el control del Estado, tendencia que bajo la influencia de la doctrina neoliberal que favorece la conversión de la política como negocio, despoja de la práctica política el componente ético, con lo cual se llega a la máxima maquiavélica de que el “fin justifica los medios”, y en consecuencia, se cae en la aceptación y legitimación de la corrupción y la impunidad.

    La impunidad y la corrupción se han convertido en los dos grandes flagelos que obstaculizan el avance de la institucionalidad democrática, propiciando un marco institucional que estimula los comportamientos que se asocian a la tradición autoritaria y caudillista.

    Esos dos grandes flagelos que gravitan en la lucha entre el movimiento autoritario y el democrático, se manifiestan en el debate sobre el rol del Ministerio público y la Justicia en su lucha contra la corrupción, así como también en el debate sobre la Ley de Extinción de Dominio, instrumento que busca fortalecer la lucha contra la corrupción persiguiendo la restauración de lo robado y atacando las prácticas ilícitas violatorias de la ley.

    Mientras los demócratas favorecen la lucha contra la corrupción y la Ley de Extinción, la asociación de intereses autoritarios omite referirse a la corrupción, al tiempo de rechazar la Ley de Extinción, con el pretexto, de que ésta es violatoria a la Constitución.

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