SANTO DOMINGO. – La Academia de Ciencias de la República Dominicana recibió por parte de diversas organizaciones ambientales y comunitarias la solicitud para que se integre al equipo multidisciplinario que conformará el Ministerio de Salud Pública para realizar una investigación a fin de establecer la magnitud de los graves daños a la salud que provocan las barcazas de generación eléctrica ubicadas en el río Ozama propiedad de Seaboard Transcontinental.
Las organizaciones hicieron esta solicitud a la Academia de Ciencias en su calidad de institución científica, como veedora y garante de un trabajo transparente y que dé mayor legitimidad y confianza a la sociedad civil.
Consideraron, además, que la Academia tiene como misión “el conocimiento, promoción, la investigación y la difusión de la ciencia y la tecnología en el país, como base imprescindible al desarrollo nacional, sostenible e independiente”, y alienta y apoya investigaciones en diversas áreas del saber humano.
También, que uno de sus objetivos es velar por la protección y defensa de los recursos naturales, “entendidos como un patrimonio insoslayable y vital del país, propiedad y riqueza que pertenece a la sociedad en su conjunto y a los futuros ciudadanos dominicanos”.
Fueron recibidos por su presidente y coordinadora de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, doctor Luis Schecker Ortiz y Felícita Heredia, respectivamente.
Tras recibir la solicitud, el doctor Luis Schecker Ortiz manifestó que la Academia de Ciencias siempre ha tenido la posición de respaldar toda acción que persiga la protección del medio ambiente y los recursos naturales y particularmente del agua, de manera “que es un compromiso formal que la Academia de Ciencias fórmula, pudiendo contar siempre con el apoyo de nuestros investigadores para que se hagan los estudios correspondientes”.
Valoró positivamente poder tomar todos juntos una acción conjunta que permita liberar a la nación y a las partes que están siendo ahora mismo duramente afectadas de esta “anómala situación”.
“No sabemos cuál fue la autorización o el derecho que acompaña a estas empresas, pero ningún derecho está por encima de la Constitución de la República y si se ejerce un derecho mal habido, entonces la Constitución de la República impone que se hagan regulaciones y se pongan en buenas condiciones lo que hasta ahora ha sido un daño y un perjuicio muy perturbador para la nación y para el país”, expresó Schecker Ortiz.
Junto a esta solicitud, las organizaciones también le entregaron a la Academia de Ciencias un estudio elaborado por el científico Rye Howars, del Environmental Law Alliance Worldwide (Alianza Mundial de Derecho Ambiental, ELAW, por sus siglas en inglés), el cual reveló cómo la contaminación térmica, del aire, el ruido y la vibración de esas barcazas afectan la salud de los moradores de sectores de la zona, tales como: Calero, Pueblo Nuevo y Maquiteria en Villa Duarte; Los Guandules, Las Cañitas, Santa Bárbara, Villa Francisca, La Barquita y la Ciudad Colonial.
Las entidades que hicieron la solicitud fueron: el Programa de Acción Comunitaria por el Medio Ambiente (PACMA); la Comisión Ambiental de Esperanza por el Ozama; la Red Nacional de Resistencia y por la Remediación del Daño Ambiental; el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA); la Central de Trabajadores Unificados (CTU) y el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático.
