Santo Domingo, RD.-. La Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional aplazó para el 4 de julio los recursos de apelación interpuestos por el Ministerio Público en contra de la sentencia que condena a Víctor Díaz Rúa y el descargo del abogado Conrado Pittalluga, por el caso Odebrecht.
El tribunal presidido por Pedro Antonio Riveras, e integrado por Daniel Nolasco y Nancy Joaquín, conocerá ese día a las 9:00 de la mañana los recursos de apelación interpuestos por el empresario Ángel Rondón y Víctor Díaz Rúa, condenados a 8 y 5 años de prisión.
El tribunal de alzada igualmente rechazó separar el conocimiento del recurso de apelación de Ángel Rondón y decidió elaborar un calendario para conocer el orden de los recursos de apelación, los días en que serán conocidos y el tiempo que se le dará a cada una de las partes.
De su lado, Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), sostuvo que la sentencia que recurrió el Ministerio Público es una decisión con contradicciones evidentes.
Manifestó que también la decisión tiene algunas apreciaciones incorrectas en algunos hechos y algunas pruebas, por lo que están convencidos de que dicha decisión será corregida por los jueces del tribunal.
El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional presidido por Gisselle Méndez e integrado por Tania Yunes y Jissel Naranjo, encontró culpable a Rondón por soborno nacional y lavado de activos.
Igualmente condenó a Díaz Rúa por lavado de activos proveniente del enriquecimiento ilícito, además de ser condenado al pago de una multa de 200 salarios mínimos cada uno y descargo a Conrado Pittaluga.
Sin embargo, fue confirmado el descargo emitido por el tribunal en favor de Andrés Bautista, Tommy Galán y Roberto Rodríguez, luego de que Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), decidiera no recurrir en apelación la sentencia dictada a su favor.
Las juezas ordenaron el decomiso a favor del Estado dominicano de una parte de los bienes incautados a los imputados Rondón y Díaz Rúa, ordenando el cese de toda orden de inmovilización de fondos.
