SANTO DOMINGO.-. El abogado Juan Miguel Castillo Pantaleón afirmó que aunque una gran parte de los haitianos que ingresan a la República Dominicana lo hace de manera ilegal, el negocio de la venta de visas por parte de los cónsules dominicanos en Haití, se ha convertido en otra forma de tráfico humano.
Castillo Pantaleón expresó “eso es un mercado de corruptelas. No hay faceta alguna, incluso la migración legal, que no esté marcada por la disfuncionalidad del Estado dominicano y la falta de visión en una política migratoria integral… la corrupción que circunda alrededor del tráfico humano es sumamente lucrativa y deja más dinero que las drogas”.
Entrevistado en el programa Toque Final con Julio Martínez Pozo, que se transmite por Antena 7, el jurista dijo que el deseo de toda persona que ve en su país todas las posibilidades de desarrollo humano cerradas, busca mejores horizontes y lo que está haciendo la población haitiana es huir de una situación de disolución del Estado haitiano.
Precisó que la migración debe ser ordenada y que el tema de la pérdida del control del territorio, con todo el efecto caótico y la ineficacia de la autoridad, es consecuencia del desbalance poblacional cuando el país permite la inmigración en forma descontrolada, y es parte de la irresponsabilidad de las políticas públicas.
Ante los conflictos presentados en la Ciudad Juan Bosch y las denuncias de que la Dirección General de Migración y decenas de dominicanos que han protestado están violando los derechos humanos, el abogado Castillo Pantaleón aseguró que la protesta se enmarca dentro del ejercicio de sus facultades como ciudadanos dominicanos, porque el derecho a la protesta pacífica está garantizado constitucionalmente.
“Cuando un grupo de dominicanos sale por las calles con la Bandera Nacional reclamando la expulsión de extranjeros en condición migratoria ilegal y exigiendo a las autoridades que cumplan con su deber, están ejerciendo esa ciudadanía responsable. Vergüenza debe de darle a las autoridades dominicanas y a todo el que diga que eso es incorrecto”, manifestó.
El experto explicó que los proyectos habitacionales que de carácter social el gobierno construye, tienen un marco jurídico que proviene de la época del gobierno de Trujillo, el primer régimen que construyó proyectos habitacionales dirigidos a sectores humildes llamados “Proyectos Habitacionales de Mejoramiento Social”.
Informó que sobre ese marco jurídico hay restricciones para la ocupación de esas viviendas, construidas y subvencionadas por los impuestos que pagan los dominicanos, que sólo pueden ser habitadas por los beneficiarios que buscan la desarrabalización de distintas áreas y hacen práctico el ejercicio de derecho a la vivienda de los más humildes, quienes están en la capa más deprimida de la economía de la nación.
Agregó que en esa legislación tales bienes son conocidos como de familia y, por lo tanto, las autoridades correspondientes deben de verificar que esos proyectos habitacionales estén ocupados por los beneficiarios.
“No son para alquilarlos y mucho menos para venderlos, porque la ley prohíbe el traspaso de esas viviendas. Esa situación es una muestra de la falta de supervisión e irresponsabilidad de las autoridades”, enfatizó.