SANTO DOMINGO.-. El Jurista y abogado constitucionalista Dr. Fredermido Ferreras Díaz declaró que el apresamiento del abogado Johnny Portorreal es a todas luces ilegal por haber sido practicado por el Fiscal adscrito al departamento de prófugos Juan Ramirez, independientemente de que haya estafador o no a los sucesores de la familia Rosario.
Ferreras Díaz, dijo que ese fiscal actuante en ese ilegal apresamiento Juan Ramirez es uno de los 137 fiscalizadores que en el día de ayer denunciaron una persecución de la Procuradora Mirian Germán al cancelarlo de su condición de fiscal efectivo al 31 de julio próximo al establecer que su designación había sido ilegal en la Procuraduria de Jimenez Peña, Francisco Dominguez Brito y Jean Alain Rodríguez ya que fueron designados de manera administrativa y no por concurso como establece la ley, para lo cual iniciaron una acción de amparo ante el Tribunal Superior Administrativo que quedó en estado de fallo.
Dijo que con la situación irregular de esos fiscales todas sus actuaciones escapan a los principios de legalidad y transparencia que establece el artículo 171 de la Carata Magna y la ley 33/2011 que regula el funcionamiento del Ministerio Público por lo que todas las acciones, arresto, condenas, sentencias, allanamientos y demás operaciones propias del Ministerio Público son ilegales y contrarias a la constitución y el Estado Dominicano puede ser demandado en responsabilidad patrimonial y daños y perjuicios por esas acciones antijurídicas.
El abogado indicó que con la Resolución emanada del Consejo del Ministerio Público degradando a esos fiscales a abogado ayudantes vulnera sus derechos fundamentales y crea un estado de ingobernabilidad en el país, pues todas sus acciones de más de 15 años son nulas de pleno derecho bajo el principio de que el fraude todo lo corrompe y todo proceso sobre base fraudulenta es nula de pleno derecho.
Ferreras Díaz hizo un llamado a la Fiscal Independiente Mirian Germán a poner frenos a e esos abusos del Consejo del Ministerio Público retirando estas acciones de cancelación ilegal de Fiscalizadores para no crear un caos en el sistema de justicia dominicano y respetar así el estado de derecho que existe en el país y la Supremacía de la constitución y la continuidad del estado moderno creado por la constitución proclamada el 26 de enero del año 2010.
