Por Danilo Cruz Pichardo
En pocos meses la vice podría tener una poderosa estructura nacional, porque los propios funcionarios se sumarían, interpretando la seña de forma oportuna e inteligente.
En un rápido ejercicio contable se juntaron hace unos días 13 escándalos de corrupción pública en diferentes órganos estatales, que incluyen sobornos, sobrevaluación en compras, toma de comisiones, tráfico de influencia, concursos amañados y malversación de fondos del erario, sin que el presidente Luis Abinader se dé por enterado, lo que constituye un abandono a los precedentes aparentemente ejemplarizantes que sentó en un tramo de su primer período de gobierno.
Transparencia Internacional, a través de su publicación anual del Índice de Percepción de la Corrupción, otorgó puntuaciones, al gobierno de Danilo Medina, siempre por debajo de 30, en una escala del 0 al 100, donde mientras más bajo es el número menor es la transparencia y, en consecuencia, mayor es la corrupción administrativa, lo que motivó que Marcha Verde, entidad cívica, realizara masivas manifestaciones de protestas, evidenciándose un repudio alarmante, de la población, al robo de los recursos del contribuyente.
Y la campaña electoral de Luis Abinader, de forma inteligente, estuvo sustentada en el discurso contra la corrupción y la impunidad, dos aspectos que, de forma contradictoria, resaltan en el ejercicio de la administración pública hoy día.
El Gobierno de Abinader llegó a juntarse con un 32 de acuerdo a los resultados de Barómetro Global, que es la encuestadora que usa Transparencia Internacional para hacer sus mediciones en los países del mundo.
Ese número, sin embargo, ha ido bajando y se observa una especie de luz verde para los colaboradores de la presente administración. Ya el disco rayado de que Abinader es un presidente transparente y bien intencionado nadie se atreve a repetir.
Se ha comprobado que la gente está en contra del saqueo de los recursos estatales, razón por la cual la mayoría de los dominicanos apoyaron los procesos judiciales iniciados por el Ministerio Público contra personas muy cercanas a Danilo Medina, incluyendo a varios de sus hermanos biológicos, lo que motivó que la popularidad de Abinader se disparara por las nubes, pero simultáneamente se dañe la imagen del PLD como colectividad política, a tal punto que apenas pudo obtener un 10% en el certamen comicial del 19 de mayo de 2024.
Esa persecución judicial, aunque bien sustentada, con montones de pruebas valederas, posibilitó que Abinader se mantenga durante mucho tiempo con porcentajes que rondaban el 45%, los cuales se elevaron aún más con la compra masiva de alcaldes y exalcaldes, regidores y exregidores, diputados y exdiputados del PLD, mediante una inversión económica multimillonaria, que, junto a la desigual publicidad gubernamental y la excesiva compra de cédulas en todo el país, que achicaron el número de votantes, hicieron posible fabricar un 57%. (La JCE se limitó a contar los votos, no hubo castigo a los delitos electorales).
Ante esos hechos reales (irefutables) se desprende que Abinader estuvo detrás de los casos judiciales, que involucraron entramados mafiosos, para sacar beneficio político, reelegirse ante una oposición desacreditada, pero usando también las mismas malas artes que se registraron en el pasado.
Se colige que nunca le preocupó la situación del país, todo lo que hizo fue con finalidad política: llegar al poder y reelegirse en el poder. Más nada.
