La Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP) y la Oficina Nacional de Apoyo a la Reforma Penitenciaria (ONAPREP) avanzan en la búsqueda de soluciones para descongestionar los centros penitenciarios del país, mediante la creación de un mecanismo que permita cubrir las garantías económicas impuestas a personas privadas de libertad con la imposición de una fianza como medida de coerción, pero permanecen recluidas por carecer de recursos para pagar dichos montos.
El director de la ONDP, Rodolfo Valentín Santos, y el director de ONAPREP, Dr. Roberto Santana, sostuvieron una reunión estratégica con representantes del Banco de Reservas y el Banco Agrícola para explorar vías de colaboración que hagan posible este objetivo.
“Con el establecimiento de este mecanismo buscamos descongestionar los centros penitenciarios, permitiendo que personas privadas de libertad por sumas mínimas que no pueden pagar, puedan recobrar su libertad bajo el amparo de una decisión judicial”, expresó Valentín Santos, al destacar que se trata de una deuda social con los más vulnerables del sistema.
Durante el encuentro también se abordó la necesidad de mejorar las condiciones de alojamiento en los recintos carcelarios. En ese sentido, se acordó la donación de 4,000 colchones, como parte del esfuerzo conjunto entre instituciones públicas y privadas por dignificar el trato a las personas privadas de libertad.
Participaron en la reunión el Sr. Lorenzo Guzmán Franco y Doris Laura Uribe, en representación del Banco de Reservas; Marlen Rosario Peña y Llisel Quezada Viñas, por el Banco Agrícola; Pedro José Frías, de la Procuraduría General de la República; el comunicador Jesús Nova; así como Ramona Medina y Daniel Morales, por la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

Por parte de la ONDP, acompañaron al director Santos la subdirectora técnica, Lcda. Croniz Bonilla; la coordinadora de la jurisdicción de Santiago Lcda. Marcia Ángeles; y la coordinadora de La Vega y encargada de la Comisión de Cárceles de la ONDP, Lcda. Elizabeth Rodríguez.
Esta iniciativa forma parte de los esfuerzos de la Defensa Pública por garantizar el acceso a la justicia y promover una reinserción social efectiva de las personas privadas de libertad.